Proceso-1985

ANÁLISIS
pretender individualizar la culpa en unos
mandos intermedios y efectivos (detenidos
en instalaciones militares, irregularmente
consignados por la PGR, que no
aclara si lo hizo ante un juez penal militar)
y no entorpecer el protagonismo e influencia
que tendrá, junto con la Marina, con la
anunciada Ley de Seguridad Interior.
Preocupa en este sentido la alusión presidencial
en el reconocimiento a las Fuerzas
Armadas por su desempeño en estas
tareas de seguridad, porque infiere que no
hay ni habrá rectificación sobre el uso y
abuso de los militares, pase lo que pase.
Un matiz de diferencia con el pasado
es que el sector castrense asume su propia
defensa institucional (hace tiempo
que la Segob abandonó la práctica de hablar
por los militares cuando son señalados
públicamente en forma crítica). De
ahí las acciones que van desde sus comunicados,
pasando por la mediatización y
cooptación de las víctimas o sus familiares,
de violación a los derechos humanos
(por eso la disminución de quejas ante la
CNDH, que presume el presidente en su
segundo informe), hasta deformar la acción
de la justicia civil (con todo y el nuevo
marco legal aplicable) imponiendo el
fuero militar como medida de protección
(no de la disciplina sino de la institución)
e incluso de chantaje político.
El sexenio pasado se documentó que
las procuradurías general y estatales cedieron
su potestad legal de consignar
militares que delinquían ante jueces del
orden común y los entregan a la Procuraduría
Militar (donde la justicia depende
del secretario y no del Poder Judicial);
también, que muchos secretarios y funcionarios
de seguridad pública estatales y
municipales son de origen castrense o deben
pasar por el visto bueno de la Sedena.
Segundo acto
“Nos cayó la contra…”, fue la expresión,
según el reporte de la CNDH, de una de
las víctimas de Tlatlaya, lo cual abona a
la hipótesis de In Sight Crime y ni siquiera
forma parte de una línea de investigación
oficial. La ausencia de aplicación
de protocolos de actuación, la supuesta
falta de comunicación con los superiores
de la zona militar, entre otras, significaba,
según esta versión, que el batallón
estaba el servicio de una banda criminal
rival a aquella a la cual pertenecían las
víctimas. Por desgracia los precedentes
de infiltración no son pocos (recuérdese
a Los Zetas o al general Gutiérrez Rebollo,
por mencionar dos casos) y lo más
lamentable es la ausencia de autocrítica
gubernamental, con la falta de medidas
que eviten estas desviaciones ilegales
con consecuencias cada vez más graves.
Estamos ante el paradigma de una
debilidad estructural del sistema político
(y no de zonas institucionales focalizadas
como apuntó el presidente) que se
vuelve contra la institucionalidad democrática
que se busca construir. Hay una
grave paradoja en el último reducto de
fuerza estatal al que se recurre ante la
ineficiencia y corrupción de las estructuras
policiales y de nuestros políticos,
una y otra vez, desde hace dos décadas:
los militares son salvación y peligro de la
población civil. Esta es la coartada de los
sectores duros y autoritarios del país.
De la narcopolítica a la narcoelección
Los puntos de contacto en los fracasos de
la estrategia se multiplican en la medida
en que el gobierno actual sigue experimentando
con funcionarios y acciones
en el ámbito federal sin recomponer del
todo o en forma muy lenta (desde hace
casi 20 años) las capacidades de seguridad
en los estados y municipios (esta
parte de la estrategia se basa en el “mando
único”, herencia calderonista que tiene,
para variar, un fuerte componente
militar en su implementación).
Ayotzinapa no es un caso de narcopolítica
limitado a la región de Iguala (Calderón
la señaló en su momento hacia
Tamaulipas). Poco se dice del significado
de que los partidos, el gobierno estatal y
el aparato de inteligencia civil y militar sabían
del involucramiento de las autoridades
municipales con el crimen organizado.
No se actuó porque, hay que decirlo,
desde hace tiempo la información
político-electoral con estas características
es utilizada en forma facciosa por
los actores políticos para negociar y cubrirse
mutuamente comportamientos
punibles, entre el gobierno en turno y el
partido que sea. El Cisen a lo largo de su
historia se ocupó, en forma indebida y en
varios momentos, de investigar y dar seguimiento
a procesos electorales. En un
principio para preservar el dominio político
del PRI; con el cambio de gobierno y
la crisis de seguridad, para advertir la penetración
del narco en la política. Es un
hecho que ha existido un uso manipulador
de esta extensión de las funciones de
inteligencia del Estado y que ahora abarcan
el estamento militar.
Por el lado de los actores políticos e
institucionales la situación es de grave
riesgo ante el “blindaje electoral” que
ahora se anuncia. Pero éste se limita a los
discursos y al desgarramiento de vestiduras
(“no criminalizar la política”). Con
el argumento de que no es Ministerio
Público, la autoridad electoral, el INE, se
niega a ejercer su atribución de calificar
la fama pública y a la revisión de expedientes
de precandidatos en ciernes para
el proceso en marcha desde el 7 de octubre
(18 mil 500 millones de pesos no alcanzan
para una actividad más).
La Segob y los partidos firman convenios
de buena voluntad para afinar el
tino en la selección de sus candidatos;
pero de acciones conjuntas y consecuencias
(cárcel, renuncia al cargo o cualquier
otra medida), nada. Se apuesta al olvido
social y la anestesia que causa el horror
de la violencia luego de las manifestaciones
de protesta (2005, 2008 y 2011). Hace
tiempo que los políticos no sólo duermen
con el enemigo sino que comen de
su mano, y eso también está alcanzando
su reflejo en el campo político-electoral.
Lo cierto es que esta descomposición no
se evitará con discursos, por muy encendidos
que sean.
¿Inteligencia para la represión Sin
un marco legal claro y menos con contrapesos
de control interno o externo (Congreso),
el gobierno ha dividido al país en
regiones donde las instancias de inteligencia
(fusión es la palabra de la nueva
tendencia) del sector seguridad y defensa
(civiles y militares) pretenden coordinarse
para, según el Plan Nacional de Desarrollo,
preservar la existencia del Estado.
El mecanismo en realidad se ha limitado
a apoyar operativos contra el crimen
organizado y el narcotráfico, según se desprende
entre líneas de los anuncios oficiales.
Junto con la Ley de Seguridad Interior,
la pinza de la –esa sí– renovada visión
punitiva del gobierno se cierra con otro
ordenamiento anunciado: la Ley del Sistema
de Inteligencia Nacional, al margen
de lo que ya establece la Ley de Seguridad
Nacional.
El planteamiento esbozado sólo permite
advertir que en cuestión de tiempo
va a derivar en el fortalecimiento de medidas
represivas contra manifestaciones
sociales de frustración e impotencia. El
escenario está puesto con una guerrilla
(EPR, ERPI y subdivisiones) que se mira
“buena” y antes fue “mala”, según el
maniqueísmo priista de los noventa, y
sectores que esperan a los iluminados de
la mano dura, que ahí están, ocupando
los espacios que no llena nuestra frágil
democracia.
1985 / 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 67