Sesiones 55 a 83 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

1. — HISTORIA FIDEDIGNA
Actas Oficiales
Es igual al artículo 151 de la Carta de 1833.
Se hizo indicación para sustituir su redacción, la que fue rechazada.
2. — AUTORES
Carlos Estévez
El funcionario público, en cuanto mandatario de la Nación, no tiene otras
facultades que las que se le han otorgado de modo expreso; en otros
términos, en derecho público sólo se puede hacer aquello que la ley
autoriza, principio sustancialmente diferente del que impera en derecho
privado, según el cual se puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe
expresamente.
La consecuencia natural de un acto de autoridad pública ejecutado
arrogándose facultades que no tiene o excediendo las que le ha confiado la
ley es la nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario, que es
un principio esencial del gobierno representativo.
“La autoridad o poder público es un poder moral que se funda en la razón y
en la justicia. La fuerza ampara la autoridad pero no la crea; la autoridad no
puede generarse ni ejercitarse sin derecho o contra derecho.
Los gobiernos que no han recibido su mandato de la soberanía son
gobiernos de hecho amparados por la fuerza, carecen de autoridad y sus
actos, en consecuencia, son nulos.
Los ciudadanos, por consiguiente, en estricto derecho, no tienen obligación
de acatar sus resoluciones; pueden hacerlo y cumplirlas con el fin de evitar
males mayores, pero, en justicia, su resistencia es lícita aun cuando para
ello sea necesario el empleo de la fuerza”.
José Guillermo Guerra
Como ya se dijo en el artículo 3°, en 1925 fue trasladado el precepto que
figuraba como artículo 151 (160) en la Carta de 1833, al primer capítulo;
ello porque se estimó que contiene una especificación de las ideas de los
artículos 1° y 2°.
A. Silva Bascuñán
Esta prohibición afecta a gobernantes y gobernados: “Magistratura” significa
todo tipo de autoridad u órgano estatal; “autoridad o derechos” son
exclusivamente las facultades o potestades conferidas expresamente por las
leyes, son la cuota determinada de poder político que la ley ha entregado a