Sesiones 55 a 83 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

La Constitución vigente señala las fuentes de donde puede adquirirse la
nacionalidad chilena. Son cuatro: a) Nacimiento; b) Procedencia u origen; c)
Nacionalización, y d) Gracia o privilegio.
De estas cuatro fuentes la que crea el vínculo más poderoso es el
nacimiento. El inciso primero del art. 5° dice que son chilenos los nacidos en
el territorio de Chile.
La palabra territorio tiene dos significados: uno en el Derecho Público
Interno y otro en Derecho Internacional. El primero, se refiere al espacio
material comprendido dentro de los límites geográficos; el segundo, es el
territorio que resulta de una ficción creada por el derecho, esto es: a) la
morada del agente diplomático chileno en el extranjero; b) los buques de
guerra chilenos dondequiera se encuentren, y c) las naves mercantes en
alta mar, siempre que naveguen bajo pabellón chileno.
Los conflictos que se originan por la aplicación del principio del jus soli, en
muchos países americanos, se solucionan por medio de tratados
internacionales. En Chile no hay tratados al respecto y los problemas se
resuelven aplicando dos normas: 1°) La determinación de la nacionalidad es
materia privativa de cada país, y 2°) los Tribunales de Justicia en esta
materia deben aplicar nuestra Constitución sobre todo otro precepto, incluso
sobre los principios del Derecho Internacional.
La disposición que se comenta tiene un carácter imperativo. No ofrece la
nacionalidad sino que la impone. Igual cosa ocurre con el inciso segundo
que trata del “jus sánguinis”, que es la nacionalidad que se adquiere por la
procedencia u origen.
Esta última disposición se ha interpretado sin distinguir si la nacionalidad
del padre es de nacimiento, por nacionalización o gracia para reconocer al
hijo la calidad de chileno.
También pueden concederse a un extranjero, en todo o en parte, los
privilegios de que gozan los nacionales del país, mediante la
nacionalización, idea que tuvieron los constituyentes de los países
americanos para aumentar su población facilitando la entrada a los
extranjeros que reúnan un mínimo de requisitos.
Entre los criterios restrictivo y amplio; el primero, la Carta del 33, que
exigía 10 años de residencia en el territorio de la República, 6 años si son
casados y tienen familia en Chile o 3 años si son casados con chilena; y el
segundo criterio, el de la reforma de 1874, que exigió acreditar un año de
avecindamiento, es preferible buscar un término medio que no cierre la
puerta a la nacionalización, asegurando, a la vez, la entrada de elementos
útiles al progreso del país.
La reforma de 1925, tiene sobre lo anterior dos ventajas: No fija en su texto
las condiciones de la nacionalización, las entrega a la ley, la cual puede ser