Sesiones 55 a 83 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

En lo que se refiere a la nacionalización ordinaria de extranjeros, la
Constitución del 25 modifica sustancialmente el sistema de todas las
Constituciones anteriores.
La Constitución del 33, contrariamente a la política de todos los países
americanos que facilitaron la incorporación de extranjeros, principalmente
europeos, a sus países, exigió para dar carta de nacionalización 10 años de
residencia y el cumplimiento de varios otros requisitos, limitando esa
residencia a 6 años para los casados con familia en Chile y 3 años para los
casados con mujer chilena.
Este sistema rigió 40 años, hasta que en 1874 el requisito de residencia se
redujo a 1 año.
En las décadas siguientes las condiciones se fueron alterando, ya que a
través de las corrientes inmigratorias, llegaron a América individuos
indeseables por sus vicios, enfermedades, miseria extrema o ideas
perturbadoras del orden social y político.
En la Constitución del 25, la nacionalización ordinaria de extranjeros se deja
librada a las determinaciones de una ley especial, a fin de que el legislador
pueda ampliar o restringir sus alcances, siguiendo los acontecimientos y
teniendo en vista las necesidades del país en cada situación distinta.
En relación a la nacionalización por gracia legal, interesa precisar sus
efectos. Tratándose de una institución meramente honorífica, los derechos
que al beneficiado se le confieren son los que él quiera ejercitar. De los
extranjeros nacionalizados por gracia en Chile, uno solo, don Andrés Bello,
ejerció derechos políticos al ocupar el cargo de Senador de la República en
dos períodos de nueve años cada uno.
Además, es lógico suponer que estas personas no pierden su nacionalidad
original, ya que si el favorecido no la ha solicitado, no sería lógico
arrebatarle sin su consentimiento la nacionalidad que él tuviera por
nacimiento o elección voluntaria.
Alejandro Silva Bascuñán
1. — La nacionalidad, más que un vínculo con una nación, es propiamente el
vínculo que existe entre la persona y el Estado, ya que supone previamente
haberse constituido este último para que el lazo que une a una persona con
una nación tenga un carácter jurídico.
En los sistemas de diversos países se deja simplemente a la legislación
reglamentar esta materia.
No obstante, el régimen de nacionalidad pertenece plenamente al Derecho
Constitucional, sobre todo por ser base de la ciudadanía, como también al
Derecho Internacional Público y Privado, en cuanto a instituciones como la