Sesiones 55 a 83 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

“Artículo 113: Contra los actos de la administración pública se admite
siempre la protección jurídica de los derechos y los intereses legítimos ante
los organismos de jurisdicción ordinaria o administrativa.
Tal tutela jurisdiccional no puede ser negada ni limitada a medios
específicos de impugnación o a categorías determinadas de actos.
La ley designa los “actos de jurisdicción” que pueden anular los actos de la
administración pública en los casos y con los efectos previstos por la misma
ley.”
6. — COMENTARIO
Este artículo, junto con los artículos 23 y 75 de la Constitución, consagran lo
que en doctrina se ha llamado nulidad de derecho público.
Los artículos 216 a 219, 221 y 222 del Código Penal sancionan a los
funcionarios públicos que incurren en este tipo de infracción. Sin embargo, a
pesar de ser el acto nulo de pleno derecho, por lo que no debe ser
obedecido, en la práctica sucede que el individuo afectado no está en
situación de resistir a la autoridad si no es oponiéndole otra autoridad.
A fin de explicitar, en primer término, que en derecho público las
autoridades sólo pueden ejecutar aquellos actos para los cuales están
expresamente facultadas por la ley, esta disposición podría redactarse en
los siguientes términos:
“Ninguna autoridad ni magistratura, ninguna persona ni reunión de
personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de interpretar los altos
intereses de la Nación o del pueblo o de circunstancias extraordinarias, otra
autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por
las leyes. Todo acto de autoridad deberá enmarcarse dentro de los términos
de la ley competente, de su espíritu y de su finalidad. Todo acto en
contravención a este artículo es nulo”.
Este principio debe consagrarse en este primer capítulo, con el carácter más
general posible, y no reiterarse en otras disposiciones de la Carta, pues ello
puede debilitarlo y dar pábulo a que se argumente que allí donde no se
menciona no cabe aplicarlo.
Además, podrían agregarse al precepto nuevo incisos que contengan la idea
señalada en los números 2 y 4 precedentes, en orden a consagrar un
recurso constitucional que permita hacer efectiva la nulidad de derecho
público.
Sobre este último aspecto vale la pena tener presente que la Constitución
alemana contempla la posibilidad de un control preventivo de los actos de la