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MARÍTIMO
enfocarse principalmente a las necesidades de la paraestatal.
Así lo refiere el director general adjunto de Marina Mercante,
Raymundo Mata Contreras, quien precisa que uno de los principales
objetivos de la ley es evitar que se gaste de más en la operación logística
de PEMEX, y no se invierta más en nuevas embarcaciones al servicio
de ésta. Por lo mismo, será necesario definir cuáles son las necesidades
de la compañía petrolera para así tener un plan a seguir en
cuanto a la flota que deberá renovar y contratar en lo sucesivo.
“Estamos trabajando para que la paraestatal realice contratos de
largo plazo, de por lo menos cinco años, para dar certidumbre a los
inversionistas y que puedan comprometerse con la adquisición de una
embarcación”, sostiene.
El directivo afirma que actualmente un 30% de los tráficos de
cabotaje en general están siendo atendidos por embarcaciones extranjeras,
la mayoría por parte de empresas estadounidenses; pero los
empresarios calculan que esa participación es de un 50 por ciento.
Mata Contreras, agrega que se está analizando la posibilidad de
generar una apertura en el cabotaje para la región de América del
Norte, con lo cual empresas navieras mexicanas podrían contratarse en
Estados Unidos y Canadá, al mismo tiempo que se estimula el transporte
marítimo en la región por ser menos costoso y más favorable al
ambiente.
“Si nosotros ya recibimos una cantidad importante de embarcaciones
norteamericanas para el cabotaje en México, lo justo es que
existieran buques mexicanos trabajando allá”, apunta.
Lo anterior lo refuerza el director general de Dragamex, Peter
Klip, al abogar por la existencia de una política pública en apoyo a las
empresas mexicanas respecto a los procesos de licitación pública.
Para el directivo de la firma de servicios de dragado, no debería
permitirse la participación de las empresas estadounidenses en los concursos
que requieran un permiso de navegación de cabotaje, por lo
menos hasta que en ese país no exista un trato igualitario para las
empresas mexicanas.
Esto es, que los Estados Unidos modifiquen su esquema de reservar
los servicios costa afuera exclusivamente para compañías estadounidenses,
o que México actúe de manera recíproca. Y es que las empresas
mexicanas no pueden competir en igualdad de condiciones, debido
a que las compañías extranjeras tienen un trato fiscal diferente al
nacional, e incluso reciben subsidios de su gobierno.
La apertura que existe actualmente, está afectando a las empresas
nacionales y a los marinos mexicanos, ya que las compañías
extranjeras traen a sus propias tripulaciones, desplazando también a
los trabajadores mexicanos.
Tal y como están las cosas, se antoja necesario un debate definitivo
con todos los actores involucrados, para establecer con claridad
una política de largo plazo en la materia, que promueva ampliamente
el cabotaje.