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SEGUNDA PARTE - Poder Ciudadano

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22INTRODUCCIONLa democracia representativa argentina atraviesa una intensa crisis de legitimidadde las instituciones estatales. En muchos casos estas instituciones resultanineficientes para actuar como mediadoras del “interés general” y comoinstancias capaces de procesar y sistematizar demandas sociales, dejando espaciosque en ocasiones son ocupados por las corporaciones y los interesesparticulares que hacen uso de los recursos públicos y estatales.Esta situación implica poner en riesgo la capacidad de sostener al Estado, alos representantes y a la ciudadanía dentro de un mismo tejido social. La causa,aparentemente, es la ausencia de respuestas a las necesidades de quienesdelegaron el mandato en esos representantes. La consecuencia, un mayor distanciamientoentre los actores que deben encontrar un modo de representacióny las fuerzas políticas que supuestamente deben representarlos.A este escenario hay que sumarle una situación alarmante en materia de corrupción.En el ranking de países considerados por el Índice de Percepción deCorrupción que anualmente elabora Transparencia Internacional, la Argentinadescendió del puesto 57 que ocupaba en 2001 hasta el 97 en 2005 (sobreun total de 159 países). La oscilación que muestra la Argentina en los índiceselaborados desde 1995 (entre 2,8 y 3,5 en un ranking donde 10 tienen lospaíses más transparentes y 1 los más corruptos) indica que el país está estancadoen un bolsón de corrupción estructural.Frente a esta situación, desde <strong>Poder</strong> <strong>Ciudadano</strong> hace más de 16 años desarrollamosherramientas de participación ciudadana y lucha contra la corrupción.En muchos casos, la puesta en práctica de estas herramientas, a través de laarticulación con un conjunto de actores de diferentes ámbitos, nos ha permitidogenerar impacto en políticas públicas concretas.Un ámbito en el cual hemos logrado incidir fue el campo de las contratacionespúblicas. Es sabido que los Estados de América latina y Caribe son grandescompradores de bienes y servicios. Se calcula que el gasto de los estados en la

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