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con el Estado de Derecho” y que “evitaría que realizaran acciones en beneficio de cualquier partidopolítico… y evitaría que sus operaciones se utilizaran para el lavado de dinero proveniente delnarcotráfico”. Predijo que la ley provocaría protestas de los izquierdistas y de los “parásitos… queestán acostumbrados a usurpar los fondos y a malgastarlos” 36 .Esas declaraciones provocaron protestas de parte de las Organizaciones nogubernamentales existentes de todo espectro político, incluso de la Fundación Salvadoreña para elDesarrollo Económico y Social (FUSADES), un centro de análisis del sector privado. La propuestarequería que todas las ONG nacionales e internacionales solicitaran su estatus legal ante unasuperintendencia directamente responsable ante el Ministerio del Interior. Esta entidad tendríaamplios poderes no solo para vetar las solicitudes, sino para intervenir en las finanzas internas decualquier organización, obtener información sobre las donaciones, sus gastos y/o funcionamientogeneral, e incluso remover o sustituir a sus jefes y directores. Los derechos de apelación queconfería eran mínimos. La propuesta estimuló una oposición organizada de parte de un amplioespectro de ONG, que hasta ese momento habían tenido poca comunicación entre ellas y pocaexperiencia en el trabajo de cabildeo con el gobierno. Algunos funcionarios de FUSADES apuntaronque la propuesta de ley invitaba a una invasión del Estado en responsabilidades privadas.En una muestra de unidad sin precedentes, un grupo ad hoc de ONG trabajaronaceleradamente en la elaboración de una contrapropuesta. Reconocían la necesidad de reemplazarleyes obsoletas y disfuncionales en la formación de asociaciones. Sin embargo, su propuestarechazó de manera unánime la propuesta inicial del gobierno. En su lugar, proponían que unministerio menos politizado, como el de Justicia, organizara un registro de ONG para evitarinterferencia política y ayudar a mantener un registro técnico y no político, así como lograr unproceso con amplios y detallados derechos de apelación. Un aproximado de 40 agenciasinternacionales de cooperación empezó el cabildeo en contra de la propuesta del Gobierno,advirtiendo que algunas medidas disfuncionales podrían atemorizar a los donantes internacionalesy afectar la cooperación.Ante esas presiones, el Gobierno invitó a todas las partes a integrar una comisión mixtapara reformular la ley y todas las propuestas previas quedaron congeladas. Tomando en cuenta laretórica emotiva que rodeó la primera ley, la decisión del gobierno fue prudente y saludable. Noobstante, el optimismo se fue evaporando cuando la comisión se fue empantanando en su trabajo.En abril de 1996, el Ministro del Interior anunció repentinamente una nueva versión de su propioproyecto, que según dijo, contaba con el respaldo de todos los partidos que habían participado enla comisión. Las ONG negaron inmediatamente esta afirmación. Al parecer, las cosas habían vueltoal punto de salida.Finalmente, la legislación fue aprobada en noviembre de 1996. Llevaba la mayor parte delos elementos de la propuesta que había hecho el ministro en abril. Aunque era mejor que supropuesta original, quedaba bastante lejos de las expectativas de las ONG. Mejoraba la propuestaanterior en lo referido a la eliminación de la superintendencia y la reducción del poder discrecionalotorgado al director general de registro, así como por el establecimiento de normas deprocedimiento más claras y justas para el registro.La ley aprobada no ofrecía mecanismos claros de apelación y normas vinculadas con eltiempo. Tampoco brindaba protección al estatus legal de los cooperantes extranjeros, una de lasdemandas básicas de las ONG internacionales. Hubo quejas que el Ministro del Interior hizo difícilla obtención de visa por parte de los cooperantes internacionales que no eran de su simpatía. LasONG extranjeras argumentaban que el estatus migratorio automático, el permiso incondicional36 Spence, Jack; David, R. Dye; y Lanchin, Mike (1997). Chapultepec: cinco años después. La realidad política salvadoreñay un futuro incierto. Cambridge, Massachusetts: Hemisphere Initiatives.62