humanos en Guatemala Diversidad desigualdad y exclusión

Capítulo 6 Derecho de propiedad y de consulta de los pueblos indígenas | 211
consulta es “un derecho fundamental de carácter colectivo”, integrado en el bloque
de constitucionalidad 803 .
490. En el plano interno, el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas,
elevado a compromiso de Estado por Decreto 52-2005, estipula la necesidad de
“obtener la opinión favorable de las comunidades indígenas previa la realización
de explotación de recursos naturales que puedan afectar la subsistencia y modo de
vida de las comunidades […]” 804 . Incorporó también el objetivo de “promover las
reformas legales e institucionales que, faciliten, normen y garanticen tal
participación”, “con la participación de representantes de las organizaciones
indígenas”, incluyendo el establecimiento de “[m]ecanismos obligatorios de
consulta con los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas y
administrativas” susceptibles de afectarles 805 .
491. El Convenio N° 169 de la OIT y los Acuerdos de Paz sirvieron de base para las leyes
de descentralización. En particular, el artículo 65 del Código Municipal, titulado
“consultas a las comunidades o autoridades indígenas del municipio”, establece
que:
Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los
intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades
propias, el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud de las
comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios
de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas 806 .
Asimismo, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural prevé que “[e]n tanto
se emite la ley que regule la consulta a los pueblos indígenas, las consultas a los
pueblos maya, xinca y garífuna sobre medidas de desarrollo que impulse el
Organismo Ejecutivo y que afecten directamente a estos pueblos, podrán hacerse
por conducto de sus representantes en los consejos de desarrollo” 807 . Igualmente,
el artículo 18 de la Ley General de Descentralización dispone que “[l]as
organizaciones comunitarias reconocidas conforme a la ley, de igual manera
podrán participar en le realización de obras, programas y servicios públicos de su
comunidad, en coordinación con las autoridades municipales 808 .
492. En el ámbito de la jurisdicción constitucional, en 1995 la Corte de
Constitucionalidad mediante opinión consultiva determinó la constitucionalidad
de las normas contenidas en el Convenio N° 169 de la OIT y reconoció la consulta
803
804
805
806
807
808
Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Exp. N° 3878-2007. Sentencia de 21 de diciembre de 2009.
Considerando V.
Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Artículo 6.c.
Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (México D.F., 31 de marzo de 1995),
elevado a rango de ley por medio de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto 52-2005 del Congreso de
la República, cap. IV, secc. D, párr.4. y cap. IV, secc. E, párr.5 a).
Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República. Artículo 65.
Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002 del Congreso de la República, Artículo 26.
Ley General de Descentralización, Decreto Número 14-2002 del Congreso de la República, artículo 18.
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