humanos en Guatemala Diversidad desigualdad y exclusión

Capítulo 6 Derecho de propiedad y de consulta de los pueblos indígenas | 215
comunidad, si éste fuera el caso, pues el aviso temprano permite un tiempo
adecuado para la discusión interna dentro de las comunidades y para
brindar una adecuada respuesta al Estado 823 .
498. En Guatemala, la legislación e institucionalidad vigentes habilitan el otorgamiento
de licencias sin que las comunidades tomen siquiera conocimiento de la posible
aprobación de una medida susceptible de afectarles. En efecto, según la normativa
ambiental actual, una vez elaborado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por
parte de la empresa proponente, dicho instrumento debe ser publicado “a través
de los medios de comunicación que el proponente y el Ministerio del Ambiente y
Recursos Naturales (MARN) acuerden conjuntamente” 824 . Se tienen 20 días para
presentar una oposición “con un fundamento técnico, científico o jurídico” 825 , lo
que se incluye en el expediente para análisis del MARN. La legislación contempla
como posibilidad la publicación en un idioma distinto al español, si se encuentra
un idioma indígena “predominante mayoritariamente en la región”. La copia del
EIA se encuentra de forma física y en español en el MARN y en la o las
municipalidades en donde se encuentra el proyecto. En el caso de licencias
mineras, de acuerdo la Ley de Minería, la información pública consiste “en la
publicación de edictos, por una sola vez, en el diario oficial y en otro de mayor
circulación en el país”, y terceros pueden oponerse en un plazo de 30 días, antes de
que el Ministerio resuelva la solicitud 826 .
499. Tales mecanismos de información resultan insuficientes e inadecuados a la luz de
los estándares internacionales y suponen claros obstáculos para que las
comunidades estén plenamente informadas. Además, nota la CIDH que presentan
impedimentos vinculados a que la información relevante del proyecto no se
encuentra en idiomas indígenas, la insuficiencia del tiempo para la preparación e
interposición de los recursos, así como problemas en su interposición por
distancias geográficas, y la falta de recursos económicos y de asistencia técnica 827 .
500. Generalmente, las comunidades no logran información sobre la implementación de
un proyecto en sus tierras y territorios ancestrales sino hasta el momento en que
inician las obras materiales de construcción y que incluso en este momento, la
información es insuficiente, escasa y culturalmente inadecuada. Al mismo tiempo,
la Comisión observa constantes solicitudes y pedidos de información que realizan
las comunidades u organizaciones indígenas a autoridades estatales, que no suelen
ser respondidas. Ni las comunidades afectadas ni en algunos casos las autoridades
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Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,
párr. 134.
Artículo 75 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo 431-
2007.
Artículo 78 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo 431-
2007.
Artículos 45 y 46 de la Ley de Minería.
En palabras de autoridades ancestrales del pueblo Ixil en Nebaj: “[e]l pueblo se entera cuando ya son dos
meses de haber divulgado en el diario oficial, porque lo hacen en la capital y el diario no llega acá. Además,
está sólo está en castellano y no en Ixil. Cuando llega acá ya pasaron los treinta días y ya no se puede
impugnar”Información recibida en reunión con autoridades municipales el 25 de agosto de 2013 en Nebaj,
Quiché.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH