ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO PARA MENORES INFRACTORES

a las penas con impacto educativo y reparador (Regla 23.2). Asimismo, estas Reglas exigen que
las penas comunitarias estén especificadas en la legislación nacional (Regla 24) y estipulan que
la imposición o revocación se lleve a cabo por una autoridad judicial o, en caso de realizarla
una autoridad administrativa, que sea judicialmente revisable (Regla 26). Por añadidura,
las Reglas establecen que la imposibilidad de cumplir con las condiciones de una sanción
comunitaria no debe llevar automáticamente a la privación de libertad y, si es posible, debe
reemplazarse por otra medida comunitaria (Regla 30.1). Las Directrices del Comité de Ministros
del Consejo de Europa sobre una justicia adaptada a los niños requieren que las autoridades
responsables dispongan de alternativas a los procedimientos judiciales como la mediación y la
desjudicialización si se considera que persiguen el interés superior del menor (Parte IV, Regla
24). Además, las Directrices disponen que:
«Las medidas y penas para los menores en conflicto con la ley deben ser siempre respuestas
constructivas e individualizadas a los actos cometidos, teniendo presente el principio de
proporcionalidad, la edad del niño, su bienestar físico y mental, así como el desarrollo y las
circunstancias del caso. Debe garantizarse el derecho a la educación, formación profesional,
empleo, rehabilitación y reintegración.» (Parte IV, Regla 82).
La centralidad del uso de alternativas a la privación de libertad en el marco de la normativa
internacional pone en relieve la importancia de fomentar medidas alternativas eficaces en los
sistemas de justicia juvenil nacionales. Se ha sugerido que las intervenciones que se llevan a
cabo en la comunidad son más eficaces a la hora de reducir la reincidencia. Los beneficios de
las alternativas a la privación de libertad se han descrito como sigue:
«Las intervenciones realizadas en la comunidad son más eficaces a la hora de reducir la
reincidencia que las realizadas en contextos de custodia o institucionales. Esto se debe
probablemente a que las intervenciones que se llevan a cabo cerca del entorno del menor tienen
más posibilidades de resultar significativas para el menor, pueden confrontar los problemas
familiares en su contexto, facilitar su integración en la educación y la sociedad y permitirles
mantener sus redes de contactos positivos. Las penas comunitarias han demostrado su
efectividad incluso en casos de delitos graves y violentos, nada menos que con una reducción
del 50%. Además, las penas comunitarias también son más rentables económicamente.» 15
Por lo tanto, el uso de penas alternativas también tiene la ventaja de ser más rentable
económicamente que la privación de libertad, que resulta considerablemente más cara.
Asimismo, el fomento del uso de medidas alternativas también está en consonancia con el
principio de la mínima intervención, con la necesidad de respetar la dignidad del menor y con
la conveniencia de facilitar su reintegración.
15 Moore, M., The European Council for Juvenile Justice White Paper: Save Money, Protect Society and Realise Youth Potential (Bruselas:
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, julio de 2013), págs. 8-9
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