ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO PARA MENORES INFRACTORES

forma más integral, debe fomentarse a nivel nacional la investigación sobre el uso de medidas
alternativas. Asimismo, la ausencia de sistemas sólidos de recopilación de datos constituye
otro obstáculo que deben superar numerosos sistemas judiciales. Por lo tanto, es necesario
poner en práctica sistemas de recopilación de datos sólidos que hagan que la evaluación sea
posible y significativa. Así pues, mejorar la recopilación de datos debería ser una prioridad en los
sistemas nacionales de justicia para poder maximizar el uso de medidas alternativas. Cuando
se desarrolla una nueva medida alternativa, esta debe ser sometida a análisis y evaluación para
valorar su impacto en los menores. Es igualmente importante analizar y evaluar periódicamente
las medidas alternativas con el fin de valorar su eficacia. Los métodos de evaluación deben
plantearse con la misma rigurosidad. Por ejemplo, además de analizar los datos estadísticos
sobre la reincidencia, también deberían realizarse evaluaciones para evaluar el cumplimiento
de las normas y directrices internacionales.
También puede suponer un reto conseguir que las medidas alternativas cuenten con una
adecuada provisión de medios que permita su correcta implementación. Si una medida en
particular no cuenta con los medios necesarios, la confianza en ella por parte del sistema
judicial se verá gravemente afectada. La inadecuada o insuficiente provisión de medios puede
hacer que una alternativa sea imposible de implementar efectivamente en la práctica, por muy
positiva que sea potencialmente. Por lo tanto, la propugnación debe centrarse en conseguir
que se asignen recursos suficientes a estas medidas alternativas en los sistemas de justicia de
menores.
La accesibilidad a estas medidas alternativas también está relacionada con la cuestión de la
provisión de medios. Para que se implemente una medida alternativa, debe estar a disposición
de todos los jóvenes. Esto puede representar un problema para los jóvenes que residen fuera de
los grandes centros urbanos. No es posible imponer una sanción en beneficio de la comunidad
si el menor en cuestión no puede acceder a ella de forma razonable. Por lo tanto, a la hora de
diseñar medidas alternativas, es necesario dar especial importancia a su accesibilidad para
todos los jóvenes que puedan beneficiarse de ellas, no sólo para los que residan en grandes
centros urbanos.
En relación con el aumento del uso de medidas alternativas, otro reto que debe afrontarse es la
percepción por parte de la sociedad y los responsables políticos, así como potencialmente por
parte de jueces y autoridades, de que estas opciones no privativas de libertad son «blandas». 40 Esta
percepción debe abordarse de forma directa. Una forma de combatirla podría ser maximizar el
uso de procesos reparadores. Esto sólo será posible con la cooperación del menor y de la víctima;
no obstante, este método de reconciliación quizá pueda contribuir a rectificar esta percepción.
De hecho, los requisitos de las sanciones en beneficio de la comunidad pueden ser mucho más
complejos que los de una pena de privación de libertad, y pueden surtir un mayor efecto a largo
plazo en la vida del menor. Se ha señalado que los requisitos de las medidas alternativas varían
considerablemente entre los países europeos. Esto se hace especialmente patente en el número
máximo de horas requerido para cumplir una pena; de 30 horas en Bélgica hasta 240 en Irlanda
del Norte. 41 Estos factores deben sacarse a la luz para combatir la percepción de que las medidas
no privativas de libertad son «blandas» y no representan realmente un castigo.
40 Véase también Penal Reform International & Interagency Panel on Juvenile Justice, Ten-Point Plan for Fair and Effective
Criminal Justice for Children (Londres: Penal Reform International, 2012), disponible en www.penalreform.org
41 Pruin, I., IJJO Green Paper on Child-Friendly Justice: The Evaluation of the Implementation of International Standards in European
Juvenile Justice Systems (Bruselas: Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, noviembre de 2011), pág. 22
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