ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO PARA MENORES INFRACTORES

El diseño de sistemas eficaces para la implementación de medidas alternativas, junto con
la consecución de una cooperación eficaz entre los diferentes profesionales, organismos y
colectivos de voluntarios implicados, plantea un enorme reto. Cabe mencionar, en relación con
esto, la necesidad de aumentar la especialización y formación de profesionales de la justicia de
menores en la disponibilidad e implementación de sanciones alternativas. No sólo es necesario
que las autoridades decisorias sean conscientes de que existe este tipo de medidas alternativas;
también lo es disponer de profesionales con una formación adecuada para implementar y
llevar a cabo las intervenciones de forma eficaz y satisfactoria. El aumento del uso de enfoques
multidisciplinares presenta una forma de abordar estos retos, pero la consecución de este
aumento y la creación de sistemas adecuados que saquen el máximo partido al potencial de
este enfoque también representan un reto en sí mismo. Por añadidura, en un sistema eficaz
de medidas alternativas es importante mantener y fomentar el trabajo de los voluntarios, así
como aprovechar otros recursos comunitarios disponibles.
4.2.2 Fomento de un mayor uso de medidas alternativas
Es necesario concienciar a los legisladores y responsables políticos de cada Estado sobre los
tipos de medidas que se emplean en otros países para no evitar la privación de libertad de los
menores y fomentar medidas más eficaces contra su conducta delictiva, especialmente las que
demuestren su capacidad de disminuir la reincidencia. Para que pueda incrementarse el uso
de tales medidas, es necesario abordar los retos identificados en la parte anterior. Asimismo,
la propugnación es importante para fomentar su uso. Este apartado presenta una serie de
estrategias para afrontar este reto.
UNA BASE LEGISLATIVA SÓLIDA PARA EL USO DE ALTERNATIVAS
A nivel básico, es fundamental que cada sistema judicial dé los pasos necesarios para que la ley
contemple el uso de alternativas. Esto requiere, en primer lugar, que se eleve a rango de ley una
serie de tipos de medidas alternativas.
Aunque las medidas alternativas ya están incluidas en la legislación de numerosos sistemas
judiciales, puede que sea necesario modificar la ley para que estas medidas estén lo más
disponibles que resulte posible. Por lo tanto, la legislación debería contemplar una serie de
medidas alternativas y debe plantearse la modificación de toda ley que limite el acceso a estas
medidas a menores de dieciocho años. Además, la inclusión del requisito explícito de que la
privación de libertad sólo debe emplearse como último recurso o del requisito explícito de que
las autoridades valoren si procede aplicar medidas alternativas antes de imponer una pena de
privación de libertad, ayudaría a fortalecer la posición de las medidas alternativas en el marco
legislativo.
GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EUROPA / 61