Revista Piña de Costa Rica Edición 41

“Hay dudas en producción orgánica de exportación”
El pasado mes de septiembre, la Procuraduría
General de la Republica emitió
un dictamen que hace un cambio total
en el enfoque respecto de la fiscalización
de la actividad orgánica en Costa
Rica, asignando y dejando claro que el
Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) y el Sistema Fitosanitario del
Estado (SFE) tienen el deber legal de
ser rectores de la agricultura orgánica
nacional, y les corresponde su fiscalización
como un deber primario.
Dentro de los protagonistas que propiciaron
ese hecho histórico, se encuentra
el diputado Luis Ramón Carranza, vecino
de la zona más productora de piña
como la Región Huetar Norte. Por lo
que es reconocido como un aliado del
sector y de las buenas prácticas
agrícolas, por lo que productores
han encontrado una voz y representante
en la Asamblea Legislativa.
Revista Piña de Costa Rica conversó con
el legislador y expresó sentirse optimista
con su gestión y sobre el dictamen
de la Procuraduría General de la Republica.
“Costa Rica debe garantizarle
al mundo la inocuidad, la trazabilidad
y la transparencia en los productos que
comercializa en las diferentes partes
del mundo, y en el caso de la agricultura
orgánica es un tema que desde
hace años se viene hablando de la necesidad
de un Estado costarricense que
supervise que los productos que comercializamos
cumplan con las reglas que
en el caso de la agricultura orgánica se
establece”, nos expresó Carranza.
Para el legislador, ante esa coyuntura,
gestiono una reunión con los actores clave
que fueron el Ministerio de Agricultura
y Ganadería que es el ente regente,
el Servicio Fitosanitario del Estado que
es el ente supervisor, productores, la
Cámara Nacional de Agricultura Orgánica
y la Procuraduría General de la
República, para generar conciliaciones
con todos los temas que generaban dudas
hasta ese momento.
En dicha reunión, el tema principal a
conciliar era un criterio existente de la
Procuraduría que generaba dudas pues
decía que el estado no tenia que certificar
que un producto cumplía con todos
los requisitos para venderse como orgánico
en los mercados internacionales
y que bastaba con que el comprador
(quien recibía el producto) lo aceptara
como producto orgánico, aunque no lo
fuera. Por tanto; sin hacer los respectivos
análisis de campo y reglamentación
de supervisión.
“Ese tema se lo expusimos al señor
procurador dado además el riesgo a
la corrupción, dado que un certificador
podía ser productor y receptor del
productor en un mercado como Estados
Unidos o Europa, y él mismo estar
diciéndose que es producto orgánico
cuando no es lo es. O sea, vender productos
convencionales como orgánicos”,
detalló Carranza Cascante.
Algo en lo que enfatiza Carranza
es que la consulta debía hacerse por
medio del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) pero que, aun así,
desde su despacho también hicieron
llegar una consulta sobre el tema por
lo que lo único que quedaba era esperar.
Finalmente, el MAG hizo la consulta y
de manera bastante eficaz la Procuraduría
respondió en una nota (oficio
PGR-C-266-2021) donde dice y aclara
que el Servicio Fitosanitario del Estado
debe hacer trabajo de campo, que los
certificadores deben estar acreditados
en Costa Rica y así ser responsables del
producto con sello nacional orgánico
sea realmente producido con la legislación
de primer mundo.
“Aquí lo que cerramos fueron los portillos.
Costa Rica cierra portillos a posibles
fraudes. Costa Rica le dice al
mundo que de ahora en adelante tendrá
cada producto que sale del país
como orgánico, estará certifica responsablemente.
Significa seguridad para
los mercados internacionales, para los
consumidores que son el objetivo y también
para que no exista competencia
desleal”, dijo el legislador.
Según Carranza Cascaste, seguirá
vigilante de que estas obligaciones se
cumplan pues la Procuraduría es clara
sobre la ordenanza que debe seguir
y aplicarse, dejando claro que hay
herramientas para el trabajo de supervisión
y acreditación, detallando que
ahora en adelante es el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, el Servicio
Fitosanitario del Estado y el Gobierno
de la República, son responsables del
sello de producto costarricense orgánico.