Hacia el cierre de Guantánamo

Capítulo 4 Acceso a la justicia | 107vano comunicarse con el Gobierno de Arabia Saudita. El Gobierno de dicho paíshabría además solicitado reunirse con el señor al Hawsawi. El Fiscal en Jefe de lasComisiones Militares alegadamente determinó que el señor al Hawsawi no deberíatener acceso a los representantes de su Gobierno con arreglo a la Convención deViena sobre Relaciones Consulares dado que el Gobierno de Arabia Saudita podríaseguir el proceso a través de la televisión 301 .249. El derecho al tiempo y las condiciones adecuadas para preparar la defensa es uno delos componentes básicos del derecho a un juicio justo cuya suspensión no puedejustificarse. Al definir esta garantía inderogable, la CIDH ha señalado que “elderecho a la asistencia de un abogado está a su vez íntimamente relacionado con elderecho del acusado a disponer de tiempo y medios suficientes para la preparaciónde su defensa, lo que requiere que todos los arrestados, detenidos o encarceladosdispongan de oportunidades, tiempo y facilidades adecuadas para ser visitados ypara comunicarse y consultar a su abogado, sin demora, intercepción o censura ycon total confidencialidad”. Además, “debe otorgarse al acusado acceso a losdocumentos y demás pruebas en posesión y control de las autoridades, necesariaspara la preparación de su caso” 302 . Asimismo, la CIDH recuerda a Estados Unidosque, a fin de evaluar el cumplimiento de un Estado con el derecho al debido procesode un ciudadano extranjero en virtud de los artículos XVIII y XXVI de la DeclaraciónAmericana, se toma en cuenta la medida en que el Estado parte cumpleefectivamente los requerimientos del artículo 36 de la Convención de Viena 303 .250. La CIDH observa con profunda preocupación la falta de respeto a los privilegiosentre abogado y cliente en la Bahía de Guantánamo. Las autoridades del centro dedetención tienen acceso a correos privados con la representación jurídica, seprohíbe ciertos temas de conversación entre los abogados defensores y sus clientes,y los abogados defensores militares no pueden tener conversaciones telefónicas consus representados. Más aún, la CIDH manifiesta su gran preocupación por el hechode que reglas estrictas sobre la información clasificada podrían llevar a la acusacióna retener prueba clave, y que reglas irrazonables sobre la información clasificadatrasladen a la defensa la carga de demostrar que la prueba puede ser producida. Conbase en los estándares mencionados anteriormente, estas restricciones claramenteconstituyen una violación al derecho a una defensa adecuada. A su vez, esto no sóloafecta la confianza de los detenidos en las comisiones militares, sino también laconfianza del público en el sistema.B. Derecho a la revisión periódica de la detención251. En seguimiento a la decisión de la Corte Suprema en los casos Hamdi v. Rumsfeld yRasul v. Bush a los que se hizo referencia anteriormente, el 7 de julio de 2004, el301302303CIDH, Audiencia sobre la situación de derechos humanos de personas privadas de libertad en la Base Naval deGuantánamo, Estados Unidos, 154 período de sesiones, 16 de marzo de 2015.CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.116.Doc.5 rev.1, 22 de octubre de 2002,paras. 233, 237, 238, 247.CIDH, Informe N.º 44/14, Caso 12.873, Informe de Fondo (publicación), Edgar Tamayo Arias, Estados Unidos,17 de julio de 2014, párr. 136.Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH