Boletín Oficial del Estado

1. Los documentos relativos a contratos o actos que deban inscribirse expresarán, por lo menos,
todas las circunstancias que necesariamente debe contener la inscripción y sean relativas a las
personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos.
2. Las escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se declaren, constituyan,
transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás derechos reales
sobre bienes inmuebles, cuando la contraprestación consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo
que lo represente, deberán expresar, además de las circunstancias previstas en el párrafo anterior, la
identificación de los medios de pago empleados por las partes, en los términos previstos en el
artículo 24 de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862.
Se modifica por el art. 7.1 de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre. Ref. BOE-A-2006-
20843.
Última actualización, publicada el 30/11/2006, en vigor a partir del 01/12/2006.
Texto original, publicado el 27/02/1946, en vigor a partir del 19/03/1946.
Artículo 22.
El Notario que cometiere alguna omisión que impida inscribir el acto o contrato, conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior, la subsanará extendiendo a su costa una nueva escritura, si fuere
posible, e indemnizando, en su caso, a los interesados de los perjuicios que les ocasione su falta.
Artículo 23.
El cumplimiento de las condiciones suspensivas, resolutorias o rescisorias de los actos o contratos
inscritos, se hará constar en el Registro, bien por medio de una nota marginal, si se consuma la
adquisición del derecho, bien por una nueva inscripción a favor de quien corresponda, si la
resolución o rescisión llega a verificarse.
Artículo 24.
Se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta deba producir, la fecha del
asiento de presentación que deberá constar en la inscripción misma.
Artículo 25.
Para determinar la preferencia entre dos o más inscripciones de igual fecha, relativas a una misma
finca, se atenderá a la hora de la presentación en el Registro de los títulos respectivos.
Artículo 26.
Las prohibiciones de disponer o enajenar se harán constar en el Registro de la Propiedad y
producirán efecto con arreglo a las siguientes normas:
Primera. Las establecidas por la Ley que, sin expresa declaración judicial o administrativa, tengan
plena eficacia jurídica, no necesitarán inscripción separada y especial y surtirán sus efectos como
limitaciones legales del dominio.
Segunda. Las que deban su origen inmediato a alguna resolución judicial o administrativa serán
objeto de anotación preventiva.
Tercera. Las impuestas por el testador o donante en actos o disposiciones de última voluntad,
capitulaciones matrimoniales, donaciones y demás actos a título gratuito, serán inscribibles siempre
que la legislación vigente reconozca su validez.
Artículo 27.
Las prohibiciones de disponer que tengan su origen en actos o contratos de los no comprendidos en
el artículo anterior, no tendrán acceso al Registro, sin perjuicio de que mediante hipoteca o
cualquier otra forma de garantía real se asegure su cumplimiento.
Artículo 28.