Tomo 2.3 Estrategia de la Policía para la Seguridad

diferentes leyes. Ahora bien, aunque la normatividad antes mencionada establece
una serie de disposiciones en relación con la regulación del tránsito, es importante
reconocer que trata de manera muy superficial la seguridad vial pese a ser un factor
que condiciona la garantía de un derecho constitucional .
Es así que, entre las consecuencias que ha generado el no atender los temas de seguridad
vial se destacan los altos índices de accidentalidad, que registran en la última
década un total de 58 .087 muertos en accidentes de tránsito y 422 .500 lesionados 10 .
Cifras que dan cuenta de la gravedad y magnitud del problema, puesto que la muerte en
accidentes de tránsito se constituye en la segunda causa de deceso en el país .
Unido a lo anterior, si bien existen reglamentos mediante los cuales se ha regulado
ciertas conductas específicas que generan inseguridad vial, tal es el caso del transporte
de mercancías peligrosas, la expedición de licencias de conducción, algunas condiciones
de seguridad de los vehículos, las emisiones de fuentes móviles, los comportamientos
de los usuarios vulnerables en la vías y la señalización, entre otros aspectos,
no se ha reconocido la importancia de establecer una política pública que involucre a
todas las agencias del Estado que tienen responsabilidad de generar condiciones para
la aplicación de la seguridad vial, en relación con la modalidad de transporte carretero, la
cual contemple los pormenores del desarrollo de esta actividad, tanto en el ámbito rural
como urbano .
Al hecho de que no exista esa prioridad por atender las problemáticas ligadas a la inseguridad
vial se suma a que a la fecha el Estado no ha establecido los enfoques a partir
de los cuales se puede abordar este factor que condiciona un derecho constitucional .
Aunado a que no se ha establecido una conceptualización básica 11 , lo que dificulta
entender el alcance o dimensión al momento de materializar la seguridad vial en los
diferentes escenarios – urbanístico, educativo – infraestructura- operacionalización del
transporte, entre otros-.
Debido a lo anterior, en el marco de la Política “Seguridad Ciudadana: una Política
Nacional para la Prosperidad Democrática”, se dará total prioridad a la decisiones en
materia de seguridad vial, no sólo porque la no atención de esta limita derechos constitucionales,
sino porque se considera que la seguridad vial es un componente fundamental
de la seguridad democrática .
Por último y con el fin de lograr una aproximación adecuada a los temas de seguridad
vial se realizará a partir del presente año una la formulación del nuevo Plan Nacional
de Seguridad Vial, con el fin de que sea adoptado por parte del Ministerio de Transporte
una vez quede aprobado el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Esta sincronía
10 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Fondo de Prevención Vial. Forenses 2009, Datos para la
vida. Bogotá, Volumen 11 Número 1 mayo de 2009. p. 241
11 Si bien la Ley 769 de 2002 tiene un artículo específico en el que presenta definiciones (artículo 2º) esta no se encuentra
incluida.
50 Manual Estrategia para Manual la Administración de de la Antinarcóticos Policía Nacional del personal para para la Erradicación la auxiliar Consolidación de Policía Manual de y la de auxiliar Seguridad Cultivos de Policía Ilícitos Ciudadana Bachiller
VER:0 Aprobación: 05-11-2010