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El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó
y proclamó la Declaración Universal
de Derechos Humanos. Tras este acto
histórico, la Asamblea pidió a todos los
Países Miembros que publicaran el texto
de la Declaración y dispusieran que fuera
“distribuido, expuesto, leído y comentado
en las escuelas y otros establecimientos
de enseñanza, sin distinción fundada en
la condición política de los países o de los
territorios”.
La Declaración Universal de Derechos
Humanos en su artículo 12 dice:
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias
en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias o ataques.
Asentados en esta declaración se basan los
artículos 18.1 y 18.4 de la C.E. y la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.
En nuestro país, la Constitución Española
de 1978 reconoce en el art. 18 el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar,
a la propia imagen, el derecho a la
inviolabilidad del domicilio y al secreto de
las comunicaciones. El principal desarrollo
legislativo que se ha producido hasta ahora
del derecho a la intimidad, reconocido
en el art. 18.1 de la Constitución, ha sido
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,
de protección civil del derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen. El artículo 18.4 de la C.E.
se encuentra incluido dentro de la norma
constitucional que reconoce y proclama
distintos derechos relativos a la privacidad
de las personas. Así, esta norma dicta
un derecho nuevo a controlar la propia
introdUcciÓn
información personal sea íntima o no, un
derecho general frente a las tecnologías de
la información.
El desarrollo de las tecnologías de la
información presenta también algunos
aspectos de inseguridad y alarma. Son
varios los derechos fundamentales que
pueden verse amenazados o vulnerados
por un uso indebido de las tecnologías de
la información, existe el peligro de que las
tecnologías de la información entren en
conflicto con el derecho a la intimidad. El
tratamiento automatizado de información
relativa a las personas físicas, facilita un
número indeterminado de posibilidades
que permite recoger datos personales,
conservarlos y transmitirlos. La tecnología
es capaz de tratar un gran volumen de
información y de relacionarla entre sí,
de forma que da la posibilidad de crear
perfiles de nuestra personalidad, perfiles
que pueden llegar a justificar decisiones
públicas o privadas y que puedan limitar
nuestra libertad o condicionar nuestro modo
de actuar.
La STC 292/2000, de 30 de noviembre
representa el pronunciamiento del Tribunal
Constitucional más claro en relación a la
existencia de un derecho fundamental a la
protección de datos personales, a partir del
art. 18.4 de la C.E., con autonomía respecto
del derecho a la intimidad.
El derecho fundamental a la protección de
datos personales es un derecho autónomo,
con un contenido concreto que permite
a la persona un control de sus datos
personales, sean o no íntimos. Este derecho
fundamental no protege únicamente la
información íntima del individuo, sino
cualquier información referida a una
persona; incluso la información conocida
por toda la sociedad. La definición de datos
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