Historia de la impunidad, por Stella Maris Ageitos - Plataforma ...

La Cámara ha exigido, para sustentar la responsabilidad del sucesor, que
las personas desaparecidas hubieran sido vistas en algún Centro Clandestino de
Detención nuevamente a partir del momento en que aquel se hubiera hecho cargo.
De no ser así, aún cuando la persona desaparecida no hubiera recuperado
su libertad, no se considera que continúa detenida. Es, como se ha dicho, como si los
desaparecidos hubieran desaparecido dos veces.
Aún más grave, el criterio adoptado en el caso específico del Brigadier
Orlando R. Agosti, donde el Tribunal tomó como fecha de inicio del cómputo de la
prescripción de la acción de los delitos de privación ilegal imputados al mismo, la fecha
en que los centros clandestinos de detención de la fuerza aérea dejaron de operar.
Más grave aún, el criterio que se aplicará de ahora en más, será el de
tomar como punto de partida el último día en que las personas detenidas-desaparecidas
fueron vistas en un Centro Clandestino de Detención. Si tenemos en cuenta que la
mayor parte de los testimonios sobre C.C.D. cubren hasta el año 1979 y que el lapso,
como dijimos, de la prescripción de la acción por privación ilegal es de seis años, la
situación es realmente grave.
Hay que tener en cuanta que la Cámara no niega que tales delitos son de
naturaleza contínua o permanente, pero no considera que dicha naturaleza sea suficiente
para atribuírlo, sino es mediante testimonios u otra pruebas concretas a personas
determinadas.
Finalmente, con respecto al modo de cómputo de la prescripción de la
acción penal para el supuesto de "concurso de delitos", el Tribunal adhiere al sistema de
la "prescripción paralela", esto es, que los cómputos se realizan en forma independientepara
cada delito- a partir de la fecha de comisión del último en tanto y en cuanto los más
antiguos no se encontraran a esa fecha ya prescriptos.
Por todo ello, en su momento las Organización Defensoras de los
DD.HH., con el aporte del Dr. Marcelo Parrilli, delinearon varias propuestas, para
superar la situación planteada.
De mayor a menor, fueron las siguientes:
a) La necesidad de que el Parlamento sancione una ley que declare
delitos de lesa humanidad a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el
personal militar, policial y/o de seguridad entre el 24.03.76 y el 10.12.83;
b) La sanción de una ley que establezca que entre el 24.03.76 y el
10.12.83 deben considerarse suspendidos los plazos a los fines del cómputo de la
prescripción de la acción penal de los delitos violatorios de los derechos humanos
realizados por personal militar, policial y/o de seguridad;
c) La sanción de una ley que disponga la suspensión del cómputo de la
prescripción de la acción penal, para los delitos antes mencionados, perpetrados entre el
24.03.76 y el 10.12.83 desde la fecha de iniciación de los procesos penales hasta su
conclusión por sentencia firme y definitiva.