Historia de la impunidad, por Stella Maris Ageitos - Plataforma ...

Es evidente que no hay criterio que fundamente la exención de
punibilidad, ni aparece cual es el bien jurídico que se pretende proteger con una
presunción tan rigurosa.
La ciudadanía argentina cuenta con una historia social muy diferente de
la que la lay presume: ninguna verdad les invoca la visión de los militares trastornados
en su entendimiento al volcarse a la ejecución de actos aberrantes para la moral y las
leyes.
Una situación que forma parte de las vivencias del sujeto colectivo social
son los golpes de Estado.
Pero es ajeno a su experiencia la imposición del terror clandestino que
cobró miles de víctimas, que destruyó los controles sociales y volvió oscura la
adscripción nacional a la civilización misma. Se trata de la primera y dolorosa
experiencia de un GENOCIDIO que requiere que las pruebas, ampliamente conocidas,
sirvan a los jueces para sancionar a los que alteraron la paz social.
La ciudadanía argentina conoce la voluntad criminal de jefes y tropas,
porque ajena a los procedimientos represivos, fue víctima de las tropelías producidas en
ocasión de patrullajes, allanemientos de viviendas, restricciones ambulatorias o
directamente, testigo de secuestros.
Nada hacía pensar que los agentes se hallaban bajo los "efectos" de la
obediencia debida; sino más bien, parecían hombres coordinados en sus acciones y con
propósitos manifiestos y conscientes.
La ficción que propone la ley resulta altamente inmoral por su divorcio
con la realidad concreta que vivió la comunidad argentina y luego aprehendió
intelectualmente por la información detallada de textos (como el Nunca más) y los
medios masivos de comunicación.
Por ello y en nombre de la dignidad humana y una vez más, se pidió que
se asuma el deber de perseguir los delitos cometidos por la dictadura militar mediante la
acción pública y se recuerde que la obediencia jerárquica es únicamente rechazada por
todo el Derecho Universal como eximente para todos los autores, partícipes y cómplices
de delitos de Lesa Humanidad.