Historia de la impunidad, por Stella Maris Ageitos - Plataforma ...

Era diciembre de 1983 y el Presidente de la Nación anunciaba, entre
otras medidas, los pasos legales correspondientes para someter a proceso a los que, su
gobierno, entendía, habían sido los máximos responsables de la represión.
Dos decretos se conocieron:
1) 158/83: determinaba el enjuiciamiento ante el Consejo Supremo de las
FF.AA. (CSFFAA) de los nueve integrantes de las tres primeras Juntas Militares
(VIDELA, MASSERA y AGOSTI; VIOLA, LAMBRUSCHINI Y GRAFFIGNA;
GALTIERI, ANAYA Y LAMI DOZO). Esta medida luego se iba a extender a los
Generales CAMPS y MENENDEZ y al ALTE. CHAMARRO.
2) 159/83: se debía de proceder de inmediato a las denuncias contra los
integrantes de las cúpulas terroristas de los movimientos MONTONEROS y EJERCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO.
Con la política de incriminar solamente a las cúpulas el gobierno se
inventa la estratégia de la "autodepuración" para el cuerpo militar.
En realidad y como bien lo señalara el Dr. Marcelo A. Sancinetti, la
estrategia de la autodepuración iba a tener dos etapas: en primer lugar, juzgamiento por
los propios militares (CONSEJO SUPREMO DE LAS FFAA): si este fracasaba, lo
harían los "jueces civiles de la dictadura", en grado de apelación. ( del libro “Derechos
Humanos en la Argentina Post Dictatorial”).
2- El mensaje presidencial conocido en la noche del 13 de diciembre de
1983 en sus partes más relevantes, decía:
1) El gobierno democrático ha anunciado su más firme decisión de
restablecer el estado de derecho en la Argentina. Ello requiere disponer una serie de
medidas que son necesarias para asegurar el más amplio respeto tanto a los derechos
individuales básicos como a los procedimientos de decisión de los poderes
constitucionales.
2) Las medidas en cuestión tienden a resolver situaciones pasadas y
también a prevenir hechos futuros.
El pasado gravita sombriamente sobre nuestro porvenir: las violaciones
extremadamente aberrantes de los derechos que hacen a la esencia de la dignidad
humana en que incurrieran el terrorismo y la represión de ese terrorismo no pueden
quedar impunes. Esa impunidad significaría claudicar frente a principios éticos
fundamentales, poniendo en peligro la prevención de futuras violaciones.
3) La convicción de que es necesario hacer justicia con quienes, desde
uno y otro lado, han tomado a los hombres como meros objetos manipulables para
obtener ciertos fines, implica que debe derogarse y declararse insanablemente nula la
ley de facto llamada de pacificación o de amnistía. Esta ley además de ser moralmente
inaceptable, resulta políticamente irresponsable, al extender sobre toda la institución
militar la culpa que solo debería recaer sobre algunos de sus miembros.