Historia de la impunidad, por Stella Maris Ageitos - Plataforma ...

3.- El análisis, hasta aquí, ha sido meramente descriptivo y sólo sirve
para ordenar los pasillos de la memoria, que son, por otro lado, algo afectos al olvido y
a la indiferencia. Pero no profundiza sobre las variantes que en aquellos años ocurrieron
en la correlación de fuerzas en disputa, alrededor de este tema. También, seguramente,
esta lejos de conformar a los damnificados directos y a todos aquellos que por
principios éticos y humanos se niegan a hacerse los distraídos frente al holocausto.
Como había escrito un periodista "seguramente, ya nunca seremos los
mismos después de esta pasaje por los infiernos de la represión".
La sensación era de impotencia, que junto a las pérdidas sufridas y a la
tortura mental que la sola ideología de la Desaparición Forzada de Personas ha grabado
de manera absoluta en sus conciencias.
Todo parece indicar que al desgarramiento producido por la desaparición
del ser querido debemos sumar, ahora, la desesperación de comprobar la imposibilidad
de sancionar a todos los culpables.
El Punto Final comienza a tomar cuerpo, ya que, finalmente, se
sancionará una ley a fines del año 1986: con ella, 30.000 personas detenidas
desaparecidas volvían a desaparecer; con ella, se comienza a cerrar el camino de la
impunidad.
La ley que analizamos, disponía en su artículo septimo que su aplicación
operaría de pleno derecho, una vez promulgada y se aplicaría a pedido de parte o bien
directamente, de oficio.
Como era obvio, las partes damnificadas no iban a pedir su aplicación;
los familiares repudiaron y rechazaron es intento y en la mayoría de los casos
plantearon su inconstitucionalidad. Es decir, su aplicación debía ser pedida de oficio,
por el Estado, a través de sus fiscales.
Por ello y teniendo en cuenta que durante el período de la represión, la
vía judicial se convirtió, prácticamente, en un recurso inoperante, el derecho a la vida, a
la integridad física y la libertad individual no tuvieron mucho que ver con lo que decían
los jueces: las decisiones corrían por cuenta del aparato estatal que se había creado;
entonces, fueron los propios fiscales del Estado quiénes se encargaban de pedir todas las
Causas por Privación Ilegal de la Libertad y Tormentos y Homicidios que estaban en
trámite en los juzgados civiles competentes, para dictaminar la aplicación de los
beneficios que otorgaba la ley nro. 22.924.
En aquella época, un Juez Penal de Sentencia de Primera Instancia de la
Cap. Fed., el Dr. Raúl E. Zaffaroni, le respondía en estos términos al Fiscal de su