Historia de la impunidad, por Stella Maris Ageitos - Plataforma ...

Uno de los objetivos heredados por el gobierno constitucional era que los
propios militares se "autodepuraran".
Significó el primer fracaso de la política oficial, que culminaría en las
instrucciones a los fiscales, en la ley del punto final y en la ley de la obediencia debida.
Cuando se iniciaba el juicio oral y público, en el mes de abril de 1985, se
encontraban acusados alrededor de 1700 militares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo pudo condenar, también,
a cinco ex-comandantes, ratificando la sentencia de la Cámara Federal.
Unos días antes de la sanción de la ley del Punto Final, el viernes cinco
de diciembre de 1986, el Cápitan Alfredo Astiz, quedó absuelto de culpa y cargo
teniendo en cuenta que los delitos que se le imputaban estaban prescriptos. La Cámara
Federal de la capital federal repudió el hecho llevado a cabo por el Cápitan de haber
baleado por la espalda a una joven desarmada, de haberla secuestrado y de haberla
conducido a un Centro de Torturas, introduciéndola en el baúl del automovil.
El Tribunal no consideró como tormentos esos hechos, sino “como
ocultación de la vista de los testigos ....”.
El periodista Herman Schiller, ese viernes, escribía: “ .... este día ha sido
efectivamente trágico: absolvieron a Estiz y comenzó el punto final ........”.
Apenas dos días antes, el Tribunal que conocía en la causa contra Camps,
Etchecolatz y contra jefes de la Policía Bonaerense, responsables operativos de Centros
de Torturas y Detención como “Arana”, “El pozo de Quilmes”, “El pozo de Banfield”,
“Coti Martinez”, “Puesto Vazco”, llegó a condenar solamente a cinco de los
procesados.
El Tribunal criticó las “personalidades mesiánicas” de Camps y de
Etchecolatz, pero, entendió, también, que los hechos delictivos de los secuestros y
desapariciones que se cometieron en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, se
encontraban prácticamente prescriptos.