Historia de la impunidad, por Stella Maris Ageitos - Plataforma ...

La amnistía, por el contrario, es, necesariamente, sólo un perdón de lo ya ocurrido.
La ley de "Punto final", pareció jurídicamente, un proyecto de "Ley de
Amnistía".
Se trata de una ley de "olvido", "perdón" o "renuncia" a una acción penal
en sí vigente al momento de la sanción de la ley.
Si observamos el art. 1º, vemos que la "extinción de la acción penal" esta
condicionada a que algo no ocurra dentro de un cierto tiempo.
Si esa condición negativa (no ser procesado o no ser citado durante el
plazo de 60 días) se cumple, la acción penal queda extinguida.
Naturalmente, la ley queda limitada para hechos pasados. Esta gracia
para hechos pasados, pone a la ley en el ámbito de la amnistía, que no puede dejar de
referirse sólo a hechos ya cometidos.
Por otra parte, la ley prescinde de la fecha de comisión del hecho; el
plazo no se computa, no se extiende ni queda condicionado por un punto temporal fijo
en el tiempo pasado que no sea la fecha que delimita el ámbito de aplicación: "hasta el
10 de diciembre de 1983". No existe relación temporal alguna entre un momento inicial
de la supuesta prescripción y otro final.
Asimismo, la ley se halla motivada (en sus considerandos) en la
necesidad -supuesta- de lograr la concordia social, para evitar que sobre todo un grupo
"penda un estado general de sospecha". Este es el fundamento político de una ley de
amnistía.
Por último, el plazo de 60 días no es interrumpible por la comisión de
otro delito no depende de la mayor o menor gravedad de la pena o el hecho: el plazo es
idéntico cualquiera sea el hecho cometido.
La particularidad de esta ley, a diferencias de otras amnistías anteriores,
radica en el hecho que carece de efectos inmediatos, ya que el "perdón" queda deferido
y sujeto a una condición negativa: a que en un cierto plazo no sea citado a indagatoria el
autor de los ilícitos.
La cuestión relativa a la constitucionalidad de esta ley, se relaciona con
el problema de si el Terrorismo de Estado puede ser amnistiable con arreglo a la
Constitución Nacional.
El precepto constitucional que delimita la cuestión es el art. 29, que dice
"El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las Legislaturas Provinciales
a los Gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder
público, ni otorgarles sumisiones o supresiones por las que la vida, el honor o las
fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o personas alguna. Actos de
esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen,
consienten o firmen a la responsabilidad y nena de los infames traidores a la Patria".
En su oportunidad, un penalista muy conocido, el Dr. Sebastián Soler,
había dicho: que era un error asignar al poder legislativo la atribución de amnistiar un
hecho que, por las circunstancias de estar expresamente prohibido por la Constitución
Nacional, se halla, a todos sus efectos, fuera del alcance de la potestad legislativa.
La cuestión que habría de determinar es si también los delitos mismos
cometidos en el ejercicio de la suma del poder público, por propia asunción del
poder,quedando a merced de gobiernos o persona alguna la vida, el honor o la fortuna
de los argentinos, pueden ser amnistiados.
La última experiencia argentina demuestra que si, en verdad, conceder un
poder que esté mas allá del bien y del mal es no amnistable, el ejercicio del poder
tampoco puede serlo.