Historia de la impunidad, por Stella Maris Ageitos - Plataforma ...

Veamos, entonces.
El gobierno del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín procede a anular la aberración
jurídica que pretendían los militares, mediante la Ley 23.040. Era demasiado aberrante.
Por otro lado, dertermina de antemano los niveles de "responsabilidad"
según grado, función y calidad, disponiendo el enjuiciamiento sumario ante el
CSFFAAA e instaurando -sutilmente- en la reforma al Código de Justicia Militar (Ley
23049 (XX), una diferencia entre el pasado y el futuro : para el futuro, el injuiciamiento
en manos de la justicia civil para juzgar los delitos en los cuales el personal castrense ha
puesto en juego la vida de los particulares, para los hechos producidos en el pasado se
reconoce la necesidad de enviar a la justicia militar al personal que integró el cuadro
represivo. En este último caso, se podía recurrir a los tribunales civiles.
Los hechos del pasado eran l os detenidos-desaparecidos.
Se define el "principio" de la Obediencia Debida que unos años más
tarde, se convertiría en el item más grosero de la política de DDHH de Alfonsín -como
criterio para evaluar la conducta del personal militar y de seguridad que participó en la
represión: SOLO AQUELLOS QUE HAYAN COMETIDO EXCESOS CON
REFERENCIA A LAS ORDENES IMPARTIDAS IBAN A SER EVENTUALMENTE
CASTIGADOS.
Por último se formaría una Comisión.
La COMISION .NACIONAL SOBRE LA DESAPARICION DE
PERSONAS ( CO.NA..DEP.), fue creada por Decreto Nro. 187 del 19 de diciembre de
1983 e integrada por personalidades de distintos sectores, evitando, de ese modo, la
posibilidad de la constitución de una Comisión Bicameral Parlamentaria de
investigación.