Historia de la impunidad, por Stella Maris Ageitos - Plataforma ...

1) La estructura normativa global y el fundamento de legalidad,
2) El fundamento de legitimidad de esa estructura:
3) La concepción ideológica que se expresa en la interpretación y
aplicación del ordenamiento jurídico.
Estos diferentes niveles configuran una Unidad y que puede
denominarse, en el proyecto de transformación institucional del Estado como el de la
continuidad jurídica.
No se podrà comprender cabalmente que es lo que sucedió en la
Argentina en el campo de los derechos humanos y en especial con los juicios a los
comandantes y lo que ocurre con la represión a la delilncuencia común, sino no
analizamos este problema de la continuidad jurídica del Estado y de cómo, a través de
ella, se establece un nexo de unión entre el régimen de facto y el iure que le siguió.
Ningún tribunal de la República ha declarado, y seguramente hubo
oportunidad para hacerlo, la invalidez o institucionalidad de aquellas actas y estatutos
que dieron origen al nuevo ordenamiento juridico. Tampoco, ningún tribunal judicial ha
declarado la invalidez de las directivas dadas al personal militar y de seguridad para
combatir la subversión.
Si analizamos el fundamento de legalidad del ordenamiento jurídico
desde el año 1983, siguiendo los moldes de la lógica kelsiana, las normas dictadas por
las autoridades son válidas porque reposan en que las autoridades fueron creadas por los
órganos de la Constitución Nacional por medio de elecciones nacionales. Y estas
elecciones fueron válidas por cuanto se realizaron por convocatoria y bajo la
reglamentación de las autoridades preexistentes (eso es, las autoridades militares).
Si bien es cierto que el basamento legal del régimen de facto hecho de
fuerza, y también, es cierto, que el nuevo régimen de iure mantuvo y mantiene muchos
de los actos realizados por el anterior régimen.
Asi, por ejemplo:
Las normas creadas por el régimen de facto son reconocidas como
normas vigentes por el nuevo régimen, produciéndose una especie de equiparación entre
las dictadas por el gobierno de facto y las dictadas por el gobierno de iure;
Los órganos del régimen militar que toman el gobierno a partir de 1976
fueron reconocidos como órganos válidos durante el tiempo en que ejercieron sus
funciones. A tal punto que prácticamente los miembros del Poder Judicial de la Nación
siguén siendo los mismos, en el gobierno democratico;
Las sentencias que habían condenados a militares políticos fueron
considerados sentencias válidas y en atención al principio de la cosa juzgada, no
pudiendo ser revisada por las nuevas autoridades.
.El nuevo gobierno ascendió a notorios militares comprometidos en la
represeión ilegal, muchos de ellos, incluso, fueron promovidos.
. Se confirmó a funcionarios diplomáticos en Embajadas, como en los
casos de EEUU y México.
Ocurre, entonces, que de la mera legalidad se pasa a la legitimidad de los
actos. Porque aún aquellas autoridades que no tienen la legitimidad de origen, pueden