Historia de la impunidad, por Stella Maris Ageitos - Plataforma ...

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1.- Efectivamente, así la habían denominado las Organizaciones Defensoras de los DD.HH a la " Ley " nº 22.068. Promulgada el 12 de septiembre de 1979 por la Junta Militar, pretendía regular el “presunto fallecimiento” de las personas que habiendo sido secuestradas o detenidas permanecían en calidad de desaparecidos. Esta ley disponía : 1) Que podía declararse el fallecimiento presunto de la persona cuya desaparición del lugar de su domicilio o residencia, sin que de ella se tenga noticias, hubiese sido fehacientemente denunciada entre el 6 de noviembre de 1974 ( fecha de declaración del Estado de Sitio por decreto 1368/74 ) y la fecha de promulgación de la presente ley (12-9-79). 2) Que la declaración del fallecimiento presunto será decretada por el Juez Federal del último domicilio o residencia del desaparecido y podía ser promovida por el cónyuge, por cualquiera de los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o por el Estado Nacional. La acción era privativa de cada legitimado y podía ejercerse " a pesar de la oposición de otros titulares". En ningún caso, tenía carácter contencioso. 3) Toda solicitud debía señalar el organismo oficial ante el cual se presentó la denuncia de la desaparición y la fecha de tal acto. 4) El juez, una vez recibida la solicitud, debía pedir del organismo ante el cual se hubiere formulado la denuncia, información sobre la veracidad formal de tal acto y la fecha de su presentación y ordenará, en su caso, la publicación de edictos por cinco días sucesivos en dos periódicos de la mayor difusión de la localidad respectiva y en el Boletín Oficial, " citando al desaparecido. 5) Transcurridos noventa días desde la última publicación de edictos y con el informe que obtenía el Juez del Ministerio del Interior sobre las noticias o diligencias vinculadas con la desaparición denunciada y si resultaban negativos, entonces, el Juez declarará de oficio el fallecimiento presunto y fijará como fecha del deceso el día de la denuncia. 6) Para los efectos de índole civil, había que remitirse a las disposiciones pertinentes de la ley 14.394; es decir, al dispositivo elgal que desde el año 1954 regulaba la ausencia de una persona, que regula los procedimientos judiciales relacionados solamente con la liquidación de los bienes del presunto fallecido y la habilitación de su cónyuge para contraer nuevas nupcias. Para mayor claridad, el Gobierno de entonces hizo público un documento que se conoció con fecha 21 de septiembre de 1979 y que se intitulaba :"Fundamentos de la intervención del Estado en la materia que rige la Ley 22.068 ", y que en síntesis , disponía : En primer lugar, decía la Junta, el Estado debía intervenir para dar solución a los casos de menores, huérfanos o desamparados, “cuyos padres puedan haber fallecidos en acciones de carácter subersinos”. También para que puedan regularizar su situación patrimonial y hasta previsional.
En segundo lugar y si bien es cierto que la ausencia de las personas se encontraba regulada, como dijimos, desde el año 1954 a través de la ley 14.394, incorporada al Código Civil, la Junta entendía que era el momento de comenzar a abreviar plazos para considerar como ausentes o desaparecidos (fallecidos) a una persona del lugar de su residencia habitual, en atención a la “presunción más convincente de la vinculación de la ausencia con los hechos terroristas acaecidos en el país”
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