Historia de la impunidad, por Stella Maris Ageitos - Plataforma ...

se concrete en una conducta auténticamente heroica " ( habeas corpus en favor de
Nestor Antonio Zapata, Juzgado Federal Nº 2 ).
“Con posteridad, en septiembre de 1976, entendí que la interrupción del
orden constitucional, no podía interpretarse como una denuncia a la Declaración
Universal de Derechos Humanos, al principio republicano de gobierno, al del Estado de
Derecho, al de división de los poderes, al del debido proceso legal y al del Juez natural
e incluso al sostenimiento del Culto Católico Apostólico Romano, al hacer lugar al
habeas corpus por opción de salida en favor de Pablo Alfredo Piza.
“Lamentablemente no se entendieron las cosas de este modo, y no solo se
violaron Derechos Humanos para reprimir el terrorismo, sino también para realizar una
ideología política - la de la " seguridad nacional " -, lo que nada tiene que ver con el
terrorismo y, por exceder sus límites, cae en un crimen contra la Humanidad, cuya
amnistía esta vedada por los tratados internacionales más importantes ratificados por la
Nación y por la propia Constitución Nacional.
“3) Este acto inexistente es el último eslabón de una cadena legislativa y
fáctica que ha puesto en serio peligro a la seguridad exterior e interior del Estado. La
seguridad exterior se pone en peligro porque los terceros paises que se sienten
alcanzados por las violaciones de Derechos Humanos " reaccionan ante ese Estado
infractor, en primer lugar aislándolo moral y políticamente, por lo que se debilita su
posición internacional " ( Hernan Montealegre, La Seguridad del Estado y los Derechos
Humanos, Academia de Humanismo Cristiano, Cg. de Chile, 1979, p.653 ), dando
incluso pie a la justificación de intervención humanitaria unilateral, sostenida por
algunos internacionalistas ( idem p. 645 ) y esgrimida por Gran Bretaña en el curso del
conflicto armado protagonizado contra esa potencia colonialista, en forma análoga a la
usada por el gobierno de Mussolini en el caso de Etiopía. En cuanto a la seguridad
interior, se ve afectada porque el aislamiento resulta en inevitables consecuencias
económicas que generan tensiones sociales graves y porque la violencia desprestigia a
las instituciones y genera un clima propicio a la repetición de actos análogos.
“4) Creo que ningún Juez del país, en su sano juicio, podría exigir
exquisita objetividad en la valoración de cada una de las acciones violentas agresivas
del terrorismo, por parte de las autoridades represoras, como para responsabilizarlas
penalmente cuando hubiesen incurrido en excesos. El más elemental sentido común
indica que, en tales circunstancias, no sería posible exigir finezas valorativas y, por
ende tales actos encuadrarían en un correcto entendimiento, en las eximentes del art. 35.
No sería para nada necesaria en tales supuestos una amnistía o, en último caso, no
habría obstáculo constitucional alguno a que una ley amnistiase los hechos encuadrados
en la atenuante del art. 34 en una eximente incompleta.
“Pero este no es el ámbito de supuestos que quiere abarcar el acto
numerado 22.924. La amplitud de términos de ese acto y el generoso beneficio de la
duda que otorga, lleva a incluir en él todos los casos de desapariciones forzadas de
personas y también de homicidios en circunstancias que resulten dudosas en cuanto a su
vinculación o motivación con referencia a la represión del terrorismo. No entraré en
consideraciones numéricas, pero lo cierto es que, cualquiera sea la verdad acerca del
número de hechos, estos configuran un fenómeno de naturaleza masiva. El carácter
masivo y pluriofensivo de las reiteradas violaciones de Derechos Humanos ha quedado
demostrado en el "Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la Argentina
" producido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. (
Secretaría General, Washington D.C.,1980 ), que se llevo a cabo mientras se repartían
en la ciudad obleas que decían " Los argentinos somos derechos y humanos" y se