Historia de la impunidad, por Stella Maris Ageitos - Plataforma ...

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certeza su paradero ulterior, a pesar de lo cual cunde en la opinión pública la seria presunción de que muchos de ellos fueron privados de vida sin forma alguna de juicio, y, además, de que durante el tiempo de esa detención muchos o casi todos los detenidos fueron víctimas de salvajes tormentos. Que en numerosas manifestaciones individuales los integrantes de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas y de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación en la fecha antes indicada, han reconocido la responsabilidad que les cupo en los procedimientos descriptos, esas manifestaciones se han visto corroboradas por la explícita declaración contenida en el Acta de la Junta MILITAR DEL 28 de abril del año en curso, donde se declara que todas las operaciones fueron ejecutadas conforme a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas, y por la Junta Militar. Que la existencia de planes y de ordenes hace a los miembros de la Junta Militar actuante en el período indicado, y a los mandos de las Fuerzas Armadas con capacidad decisoria, responsables en calidad de autores mediatos por los hechos delictivos ocurridos en el marco de los planes trazados y supervisados por las instancias superiores (art.514 del Código de Justicia Militar); la responsabilidad de los subalternos, que el texto de esa norma desplaza, se ve especialmente reducida por las circunstancias de hechos derivados de la acción psicológica antes destacada, que bien pudo haberlos inducido, en muchos casos, a error sobre la significación moral y jurídica de sus actos dentro del esquema coercitivo a que estaban sometidos. Que además, de los atentados derivados del cumplimiento regular de las ordenes recibidas, es también un hecho de conocimiento público que en el curso de las operaciones desarrolladas por personal militar y de las fuerzas de seguridad se cometieron atentados contra la propiedad de las víctimas, contra su dignidad y libertad sexsual, y contra el derecho de los padres de mantener consigo a sus hijos menores. Que, por otra parte, se ha señalado también la existencia de casos en los cuales se ejerció con desviación de poder la facultad de detención emergente del artículo 23 de la Constitución Nacional, y consecuentemente se menoscabó de modo ilegal la libertad personal. Que la existencia de textos normativos, públicos o secretos, destinados a amparar procedimientos reñidos con principios éticos básicos, no puede brindar justificación a éstos, pues son insanablemente nulas las normas de facto cuya eventual validez precaria queda cancelada ab initio por la iniquidad de su contenido. Que con la actuación que se preconiza se apunta, simultáneamente, al objetivo de consolidar la paz interior. Que esa persecución debe promoverse, por lo menos, en orden a los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormento a detenidos, todo ello, sin perjuicio de los demás delitos que se pongan de manifiesto en el curso de la investigación, y en los que las personas a quiénes se refiere este decreto hayan intervenido directamente, o como autores mediatos o instigadores. Que para el injuiciamiento de esos delitos es aconsejable adoptar el procedimiento de juicio sumario en tiempo de paz,concebido para aquellos casos en que sea necesaria la represión inmediata de un delito para manatener la mora, la disciplina y el espíritu militar de las fuerzas armadas (art.502 del Código de Justicia Militar). Esos valores se han visto afectados de modo absoluto con la adopción, por los mandos superiores orgánicos de esas fuerzas, de un procedimiento operativo reñido con los principios elementales del respeto por la persona humana. Que, de acuerdo con lo establecido en el art.122, inciso 1º del Código de Justicia Militar, corresponde intervenir en el juzgamiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Que la persecución penal de los hechos a que se refiere este decreto interesa a todos y cada uno de los habitantes, en particular a las víctimas, los que podrán -en uso de sus derechos- realizar aportes informativos dirigidos al esclarecimiento de esos delitos y al acopio probatorio contra sus autores. Por ello, el Presidente de la Nación Argentina decreta:
Articulo 1º: Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación Argentina el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos Juntas Militares subsiguientes. TENEIENTE GENERAL JORGE R. VIDELA, BRIGADIER GENERAL ORLANDO R. AGOSTI, ALMIRANTE EMIIO E. MASSERA, TENIENTE GENERAL ROBERTO E. VIOLA, BRIGADIER GENERAL OMAR D.R. GRAFFIGNA, ALMIRANTE ARMANDO R. LAMBRUSCHINI, TENIENTE GENERAL LEOPOLDO F. GALTIERI, BRIGADIER GENERAL BASILIO LAMI DOZO Y ALMIRANTE JORGE I. ANAYA. Artículo 2º: Ese enjuiciamiento se referirá a los deliltos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos, sin perjuicio de los demás de que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices los oficiales superiores mencionados en el artículo primero. Artículo 3º: La sentencia del tribunal militar será apelable ante la Cámara Federal en los términos de las modificaciones al Código de Justicia Miliaar una vez sancionadas por el Honorable Congreso de la Nación el proyecto remitido en el día de la fecha. 3. Con la tranquilidad que caracteriza a la clase política argentina, se delimitan -de antemano- en el plan criminal conducido y ejecutado por las FFAA argentinas, la situación de los partícipes en él : 1- QUIENES ORDENARON: es decir, aquellos que planearon y supervisaron esa metodología (la del plan criminal) dando las órdenes para ponerlas en práctica y omitieron prevenir sus consecuencias; 2- QUIENES SE EXCEDIERON : en el cumplimiento de aquellas órdenes -dadas por los primeros- por motivos tales como crueldad, perversidad o codicia 3- QUIENES SIMPLEMENTE SE LIMITARON A CUMPLIR: aquellas órdenes recibidas en un contexto que no estuvo, en general, exento de presiones y en el que se ejerció una intensa y permanente propaganda en la doctrina totalitaria de la seguridad nacional. Esta última -la doctrina- hizo creer a los actuantes, en muchos casos, que las órdenes recibidas eran legítimas. A esto se le llamó "los niveles de responsabilidad". Fueron determinados no por la Justicia, sino, directamente, por el Poder Ejecutivo Nacional.
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