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Congreso 14 de julio de 2006.—Serie A. Núm. 66-15
céuticos y otros profesionales sanitarios realizan en los
procedimientos de atención farmacéutica también tiene
una importancia esencial ya que asegura la accesibilidad
al medicamento ofreciendo, en coordinación con el
médico, consejo sanitario, seguimiento farmacoterapéutico
y apoyo profesional a los pacientes.
El desafío actual es asegurar la calidad de la prestación
en todo el Sistema Nacional de Salud en un marco
descentralizado capaz de impulsar el uso racional de
los medicamentos y en el que el objetivo central sea
que todos los ciudadanos sigan teniendo acceso al
medicamento que necesiten, cuando y donde lo necesiten,
en condiciones de efectividad y seguridad.
II
Durante estos años, la modificación de la configuración
jurídica y la composición de las estructuras de la
Unión Europea, obligada por los nuevos retos y necesidades
emergentes, ha afectado a la regulación, entre
otros, del sector farmacéutico, obligando a nuestro país a
revisar la normativa interna vigente. Por este motivo se
incorporan a través de esta Ley a nuestro ordenamiento
jurídico la Directiva 2004/27/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, que
modifica la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece
un código comunitario sobre medicamentos de uso
humano, y la Directiva 2004/28/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, que
modifica la Directiva 2001/82/CE por la que se establece
un código comunitario sobre medicamentos veterinarios.
Además, también se asegura la armonización de nuestra
normativa con el Reglamento (CE) n.º 726/2004, por el
que se establecen los procedimientos comunitarios para
la autorización y el control de los medicamentos de uso
humano y veterinario y por el que se crea la Agencia
Europea de Medicamentos.
La experiencia derivada de la aplicación de la Ley
25/1990 ha puesto en evidencia la necesidad de intensificar
la orientación de la reforma en torno a dos ideasfuerza:
la ampliación y reforzamiento de un sistema de
garantías que gire en relación a la autorización del
medicamento y la promoción del uso racional del
mismo. Es de señalar que la citada Ley se refería ya a la
primera de ellas al establecer la exigencia de garantía
de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos.
Sin embargo, el desarrollo tecnológico, la globalización
y el acceso a la información así como la pluralidad
de agentes que progresivamente intervienen en el ámbito
de la producción, distribución, dispensación y administración
de medicamentos aconsejan en estos
momentos, además de intensificar dichas garantías,
ampliarlas a la transparencia y objetividad de las decisiones
adoptadas así como al control de sus resultados.
La transferencia de competencias a las Comunidades
Autónomas en materia de sanidad iniciada con
anterioridad a la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, se
ha ampliado y extendido a todas las Comunidades
Autónomas con posterioridad a la entrada en vigor de
la citada Ley. La gestión de las Comunidades Autónomas
en materia de sanidad comprende un amplio espectro
de políticas en cuanto a prioridades en el tratamiento
de los problemas de salud, introducción de nuevas
tecnologías y nuevos tratamientos, promoción de las
alternativas más eficientes en los procesos diagnósticos
y terapéuticos desarrollados por los profesionales de
las respectivas Comunidades Autónomas, así como en
políticas de rentas que afectan a los sistemas retributivos
y de incentivos económicos a profesionales y centros
sanitarios, todo ello dentro del amplio margen
que corresponde al ejercicio de las competencias asumidas
en el marco de los criterios establecidos por la
Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud, y demás normativa estatal sobre la
materia.
Además, el Plan Estratégico de Política Farmacéutica
para el Sistema Nacional de Salud establece diversas
estrategias que se incorporan en esta Ley para intensificar
el uso racional de los medicamentos, entre las que
se pueden señalar las orientadas a ofrecer una información
de calidad, periódica e independiente a los profesionales,
a garantizar una formación sobre uso racional
de los medicamentos a los profesionales sanitarios, al
refuerzo de la exigencia de la receta médica como
documento imprescindible para la seguridad del
paciente o las referidas a la modificación de los prospectos
de los medicamentos para hacerlos inteligibles a
los ciudadanos, ayudando a la consecución de la necesaria
adherencia al tratamiento para que pueda alcanzarse
el éxito terapéutico previsto por el médico con la
imprescindible cooperación del farmacéutico.
Es necesario que nuestro Sistema garantice a los
profesionales sanitarios que la información, la formación
y la promoción comercial de los medicamentos
tengan como elementos centrales de su desarrollo el
rigor científico, la transparencia y la ética en la práctica
de estas actividades.
Aunque los medicamentos han contribuido decisivamente
a la mejora de la esperanza y al aumento de
la calidad de vida, en ocasiones plantean problemas
de efectividad y de seguridad que han de ser conocidos
por los profesionales por lo que cobra especial
relevancia el protagonismo que esta Ley otorga al sistema
español de farmacovigilancia del Sistema Nacional
de Salud, con un enfoque más innovador, que
incorpora el concepto de farmacoepidemiología y
gestión de los riesgos, y la garantía de seguimiento
continuado del balance beneficio/riesgo de los medicamentos
autorizados.
Los próximos años dibujan un panorama con un
sensible aumento de la población, un marcado envejecimiento
de la misma y, por tanto, unas mayores necesidades
sanitarias derivadas de este fenómeno así como
de la cronificación de numerosas patologías. Estas
necesidades tienen que garantizarse en un marco riguroso
en cuanto a las exigencias de seguridad y eficacia
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