Inspecciones Laborales - AELE

INVITADO
Inspección del Trabajo
Implicancias legales y prácticas respecto a la aplicación
de la reciente modificación del Decreto Legislativo Nº 910
y su Reglamento
JESÚS ROCA MOREYRA (*)
La modificación de algunos artículos del Decreto Legislativo
Nº 910, Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa
del Trabajador, fue realizada en virtud de la Ley Nº
28292 promulgada el 20 de julio y publicada el 21 de julio
de 2004. Quedaron modificados así los arts. 2º, 7º, 8º,
11º, 16º, 21º y la Octava Disposición Complementaria del
acotado Decreto Legislativo. Simultáneamente en la misma
fecha se publicó el Decreto Supremo Nº 010-2004-TR que
modifica los arts. 4º, 9º, 12º, 16º, 17º, 34º, 35º, 36º, 37º,
38º, 39º, 40º, 41º, 44º, 45º y 50º del Decreto Supremo Nº
020-2001-TR, Reglamento del indicado Decreto Legislativo
Nº 910 y sus precisiones contenidas en el Decreto Supremo
Nº 011-2004-TR.
Si bien en algunos aspectos de la Ley y del Reglamento
modificatorio el legislador ha clarificado las normas para su
adecuada aplicación, sin embargo en otras ha superado y
de alguna forma contradicho no sólo la esencia del Convenio
Internacional Nº 81 de la OIT, el mismo que tiene rango
legal por haber sido ratificado por el Perú, sino también la
propia realidad socioeconómica del país.
Lejos de ser una norma preventiva, anticipatoria de conflictos,
en su texto y aplicación se convierte en policíaca y
sancionadora, no sólo para las grandes sino también para
las micro y pequeñas empresas así como las nuevas que
pretenden formalizarse, que con la aplicación de los textos
laborales modificatorios seguirían como informales, no obstante
que el Señor Ministro de Trabajo declaró, según publicación
del Diario Oficial «El Peruano» del 9 de agosto de
2004 que: «El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
trata de apoyar el proyecto de formalización del país,
con la finalidad de que el incumplimiento de las normas
laborales disminuyan gradualmente…», agregando respecto
al TLC «que no se puede garantizar que a la fecha de la
suscripción del TLC se tenga un ciento por ciento de cumplimiento
de la legislación, porque ni siquiera los países
industrializados tienen ese nivel de perfección».
En tal medida consideramos que algunos artículos de
la Ley y de su Reglamento deberán ser derogados o modificados,
por cuanto de no ser así resultarían inaplicables y
motivo de cuestionamientos, no sólo en el ámbito administrativo
sino judicial, con las consiguientes declaratorias de
nulidad.
1. FACULTAD PARA PRACTICAR CUALQUIER INVESTI-
GACIÓN VINCULADA CON LA SALUD Y SEGURIDAD DEL
TRABAJADOR
Esta facultad de los Inspectores contenida en el inciso d)
del artículo 7º de la Ley, si bien puede considerarse redactada
con buena intención, como fruto de un debate de gabinete,
sin embargo en la práctica resultará inaplicable, toda
vez que el Inspector de Trabajo al momento de practicar sus
inspecciones tendría que estar ya advertido que uno o varios
trabajadores laboran encontrándose afectados en su
salud. Al respecto ¿cómo imaginaría el inspector qué tipo
de afectación sufre el trabajador? o tendría que recibir la
versión de éste e inmediatamente suspender la diligencia y
acudir a la sede central de inspección con la finalidad de
solicitar a sus jefes el apoyo de «peritos o de técnicos especializados»
y luego retornar al centro de trabajo y proseguir
con la diligencia, con la consiguiente demora por falta
de estos peritos o técnicos, que, en la práctica, para su
diligenciamiento, no se da de inmediato.
2. FACULTAD CONCILIADORA DEL INSPECTOR
La función de los inspectores de trabajo es practicar inspecciones
en los centros de labor; lo contrario, es decir la
función de efectuar conciliaciones corresponde a otra autoridad
del Sector o de Municipios, Universidades o de instituciones
autorizadas para ese efecto. No por algo el párrafo
2 del artículo 3º del Convenio Internacional Nº 81 de la OIT
sobre Inspección del Trabajo dispone en forma expresa que:
«Ninguna otra función que se encomiende a los Inspectores
del trabajo deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de
sus funciones principales o perjudicar en manera alguna, la
autoridad e imparcialidad que los Inspectores necesitan en
sus relaciones con los empleadores y los trabajadores».
Si se quisiera efectuar conciliaciones en los centros de
trabajo, sólo habría bastado modificar lo pertinente del Decreto
Legislativo Nº 910 y el D.S. Nº 020-2001-TR con la
finalidad de que el personal de las diferentes oficinas y centros
de conciliación, a solicitud de las partes se trasladen al
centro de trabajo para efectuar conciliaciones.
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(*) Abogado. Ex funcionario del Ministerio de Trabajo. Ex Consultor del CIAT-
OIT.
14
AGOSTO 2004