Inspecciones Laborales - AELE

INSPECCIÓN DEL TRABAJO
IV. CRITERIOS PARA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE VISITA
INSPECTIVA.
1. CONSIDERACIONES GENERALES
– De acuerdo a lo establecido en el inciso a) del artículo
9º de la Ley, los inspectores del Trabajo tienen la obligación
de identificarse ante el empleador y los trabajadores
con la respectiva “orden de visita”, autorizada por la
Autoridad Administrativa de Trabajo. Esta autorización
se produce con la expedición de un acto denominado
“mandato de inspección”, emitido por los Subdirectores
de Inspección Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo,
con excepción de las inspecciones a iniciativa del inspector
reguladas en el numeral 16.4 de la Ley Nº 28292.
– La norma mencionada no impone ningún contenido mínimo
al mandato de inspección o la orden de visita, y el
Reglamento se limita a reproducir la obligación del inspector
de mostrar al empleador la respectiva orden de
visita en las inspecciones programadas y especiales.
– Debe considerarse, de conformidad con lo establecido
en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, que ni el mandato de inspección ni la orden
de visita califican como actos administrativos. En
efecto, tal como lo establece el artículo 1º de la citada
norma “Son actos administrativos, las declaraciones de
las entidades que, en el marco de normas de derecho
público, están destinadas a producir efectos jurídicos
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados
dentro de una situación concreta”.
– Es claro que los mandatos de inspección no redundan
en los Administrados (los dirige el Sub- Director al inspector
del trabajo), pues constituyen fiel expresión de
las potestades de los superiores jerárquicos de emitir
órdenes a sus subalternos, que permitan a la Administración
cumplir las funciones que le vienen atribuidas
por ley. Del mismo modo, las órdenes de visita, conforme
lo indica textualmente el artículo 9º, literal a), de la
Ley, cumplen una función de identificación del inspector
frente a terceros y en sí mismos no producen ningún
efecto jurídico sobre los Administrados.
– Más bien, ambos instrumentos califican como “actos
internos de la Administración” que, de conformidad
con lo señalado en el artículo 7º de la misma Ley, deben
orientarse a la “eficacia y eficiencia de los servicios de
la Administración y al cumplimiento de los fines de las
entidades”. En consecuencia, si bien la elaboración de
los mandatos de inspección u órdenes de visita requieren
atender a las necesidades de registro y control adecuado
de las acciones desplegadas por la Administración,
no tiene por qué exigirse el cumplimiento de los
requisitos que la ley exige a los actos administrativos.
– Por las razones señaladas en los acápites anteriores, y
en aplicación del principio de eficacia de la Administración
Pública contenido en el numeral 1.10 del artículo
IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, es legítimo y posible que la actuación
de los inspectores del trabajo se sustente en mandatos
de inspección y órdenes de visita que no necesariamente
identifiquen la razón social del empleador o
la dirección exacta del centro de trabajo, siendo suficiente
que determinen con precisión un área geográfica
sujeta a la labor de inspección.
– Ciertamente, como venimos señalando, por un lado la
Ley y el Reglamento sólo imponen que las órdenes de
visita se expidan por escrito y contengan los datos de
identificación del servicio encomendado, en la forma
que dispongan los respectivos Subdirectores. Por otro
lado, y sin que ello implique contrariar ninguna norma
vigente, el principio de eficacia conlleva que los actos
internos de la Administración del Trabajo deban propender
a ampliar la efectividad de la labor de inspección,
lo que en ocasiones determinará que el mandato
de inspección no identifique la razón social del empleador
y su dirección, sino refiera a un área geográfica
sujeta a inspección determinada de modo preciso.
– Ello, como queda claro, no implica la minoración de las
garantías que para los administrados se debe contemplar
en toda actuación de la Administración y, por el
contrario, implica dotar de eficacia a la labor inspectiva.
Además, como lo sugiere la práctica cotidiana, en muchas
ocasiones, fijar como requisito necesario para la
expedición del mandato de inspección la identificación
precisa del empleador (no contenido en el texto expreso
de la Ley o el Reglamento) ha retardado o dificultado la
labor de inspección, lo que ha redundado en detrimento
de muchos derechos fundamentales laborales.
– Cabe precisar que, en el caso de la inspección especial,
donde el solicitante identifica plenamente a su empleador,
tal como lo dispone el artículo 35º del Reglamento
de la Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa
del Trabajador, la orden de visita siempre deberá identificar
al mismo.
2. ORDEN DE VISITA
Los Subdirectores de Inspección Laboral, Seguridad y Salud
en el Trabajo, emitirán las respectivas órdenes de visita de
la siguiente forma:
a) En la Inspección Programada o de Oficio
– Identificarán el nombre o razón social y ubicación del
empleador o empleadores que serán inspeccionados o,
de ser el caso, únicamente determinarán de modo preciso
el área geográfica donde deberá desarrollarse la diligencia
inspectiva. En este último caso, la inspección podrá
recaer sobre todas las empresas ubicadas en dicha área.
– De señalarse en el mandato de inspección y la orden de
visita que la inspección recaerá sobre un ámbito determinado
concreto, y de detectarse en ejecución de ese
mandato posibles incumplimientos que puedan dar lugar
a la realización de actuaciones posteriores, éstas se
llevarán a cabo en base a expedientes habilitados especialmente
para cada empleador sometido a inspección.
En dichos expedientes deberá incluirse copias certificadas
de los anexos del expediente de origen.
b) En la Inspección Especial o a Pedido de Parte
– Identificarán el nombre o razón social y ubicación del
empleador a ser inspeccionado.
3. DISPOSICIÓN FINAL
La presente directiva entra en vigencia al día siguiente de
su comunicación a la Dirección Regional correspondiente.
AGOSTO 2004 23