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El problema más grande que afronta el País, está en que los
gobiernos designan la mayor parte de los recursos a cubrir gastos
corrientes y que aún cuando los ingresos de la actividad hidrocarburífera
han registrado caídas bruscas, no han hecho mayor esfuerzo por buscar
nuevas fuentes de ingresos de carácter permanente, así como no han
ejercido cambios en la política hidrocarburífera para tratar al petróleo
como un recurso natural no renovable.
Frente a la crisis continua que viene atravesando la economía
ecuatoriana y que está relacionada con el alto nivel de endeudamiento,
elevados déficit fiscales que han provocado una permanente iliquidez de
la caja fiscal, la Política Fiscal, que es la única que puede aplicar el
gobierno en el marco del esquema de la dolarización en el que se insertó
el país a partir de enero de 2000, ha perdido su eficiencia por la alta
dependencia de los ingresos del petróleo, y el bajo crecimiento de los
ingresos no petroleros.
En el caso ecuatoriano, este tipo de decisiones legislativas, tiene el
agravante de que contradice preceptos constitucionales, que
expresamente disponen que todos los ingresos y egresos del Estado
deben estar contenidos en el Presupuesto (a excepción de las empresas
públicas y los Gobiernos Seccionales).
A medida que los ingresos del petróleo fueron convirtiéndose en
una importante contribución para la economía ecuatoriana, se emitieron
un conjunto de disposiciones legales que destinaban estos recursos a
sectores y fines específicos. Con el pasar del tiempo esta practica se
extendió a los ingresos tributarios y aún los gastos para compensar a los
partícipes de impuestos que fueron eliminados.