JOVENES Y SEGURIDAD

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5. Consideraciones finales
Las políticas, estrategias o dispositivos de seguridad
implementados por el Estado y avalados, en cierta forma, por el
imaginario social autoritario que aún hoy sobrevive en Argentina,
permite visualizar la relación existente entre pobreza, delincuencia y la
“necesidad” del Estado de implementar mecanismos de control social
que neutralicen al “extraño”, al “otro” a la “potencial amenaza”.
La responsabilidad de la in-seguridad se relaciona
directamente con los “extraños”, en aquellos que irrumpen en la vida
cotidiana perturbando la convivencia comunitaria y vulnerando la
normalidad de un “nosotros”.
En la ciudad de Córdoba son los jóvenes marginados: los
estigmatizados; es sobre ellos que recaen los atributos de
“delincuentes”, “desviados”, “otros”, “inadaptados”, “negros”,
“villeros”, “ratas”, “sucios”, etc.. Son los jóvenes excluidos, la
población sobre la que se dirigen los dispositivos de seguridad
diseñados por el Estado. Es a ellos a quienes deben erradicar
(aplicando el Código de Faltas) de los espacios inseguros las fuerzas
policiales. Asimismo, son ellos la población “beneficiaria” de la
estrategia émica de aislamiento mediante la anulación del derecho a
vivienda digna, agua potable, luz eléctrica y trabajo digno.
Como respuesta a la violencia socioeconómica y simbólica a la
que son sometidos por el Gobierno Cordobés, los jóvenes denigrados y
relegados en general encuentran como forma de expresarse, de decir
“yo también tengo derechos”, la violencia verbal, el resentimiento, la
lucha del día a día como carreros.
No ha de sorprender que desconfíen de la capacidad de las
instituciones políticas y su disposición para solucionar el problema de
inseguridad social e inseguridad civil que se superponen
recíprocamente sobre las “clases peligrosas”.