JOVENES Y SEGURIDAD

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expresa o encubiertamente a los sectores sociales más vulnerables son
los que presentan con mayor asiduidad esta problemática, piénsese no
sólo en la materia aquí analizada (faltas) sino también en los sistemas
legislados destinados a la población infanto-juvenil, o a la población
carcelaria. Allí donde la legalidad penal se desvanece y se pone en
grave riesgo la razonabilidad, punto que analizamos a continuación.
2. Razonabilidad
2.1. Introducción.
El llamado “principio de razonabilidad” es el segundo
elemento a considerar en relación con la limitación de los derechos,
junto con el ya analizado principio de legalidad. Es un complemento de
éste y precisamente exige que cualquier limitación que se realice, en
tiempos “normales” (limitaciones permanentes, señala la doctrina), ya
que en circunstancias excepcionales pueden darse algunas limitaciones
mayores, debe ser “razonable”. Determinar, por cierto, que es lo
razonable no es fácil y como bien puede advertirse roza lo subjetivo,
ya que lo que puede ser razonable para algunos puede no serlo para
otros. Lo opuesto de lo “razonable” es lo “arbitrario”. Nuestra
doctrina 57 y la jurisprudencia intentan delimitar el ámbito de lo
subjetivo en este campo, buscando parámetros y criterios que permitan,
en cierta forma, “objetivizar” lo que debe ser considerado,
jurídicamente y en base a las pautas constitucionales, como razonable.
2. La razonabilidad en la Constitución.
El marco constitucional para el principio de razonabilidad está
fijado en el Artículo 28 de la CN que señala: “Los principios, garantías
y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”. De aquí se
desprende, por tanto, que si bien el Estado tiene lo que se conoce como
el poder de policía mediante el cual regula una importante serie de
cuestiones y con ello, en alguna forma, limita (o puede limitar)
derechos constitucionales (o de tratados con jerarquía constitucional),
no puede “alterarlos”. Es decir claramente no puede ni aniquilarlos o
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La obra clásica en este tema es la de Juan Francisco Linares (1989). Más
reciente ver el trabajo de Juan Cianciardo (2004). Néstor P. Sagüés y Ricardo Haro,
entre otros, han trabajado el tema en diversos manuales de derecho constitucional.
Hemos seguido a ellos en este escrito.