JOVENES Y SEGURIDAD

Hay mucha información que no circula, y como no circula, no existe en
el sentido de lo público. Porque los medios tienen ese poder, de hacer
existir o desaparecer realidades sociales, personas, con sólo nombrarlos
o silenciarlos, no hace falta desaparecerlos físicamente. Hemos
escuchado muchas veces: “lo que no sale en los medios, no existe”: el
poder ontologizador de la prensa.
La censura funciona también por sobreinformación: si los
oligopolios mediáticos repiten todo el día -desde su legitimante
posición de productores de efectos de verdad- que hay inseguridad y,
por otro lado, relacionan la inseguridad con la delincuencia y la
delincuencia con la pobreza, construyen un relato que puede resumirse
así: “la inseguridad es la posibilidad (que acecha permanentemente) de
que un pobre entre a mi casa a atacar mi propiedad privada, llevarse
mis objetos y hasta matarme”. El problema más importante del país
pareciera ser esta clase de inseguridad mientras que la solución se
construye como la necesidad de un aumento del poder punitivo
policial, como bien analiza Wacquant (2000 y 2001). En base al
refuerzo de la victimización, ayudan a legitimar (muchas veces
apelando a fórmulas falaces como el “es necesario”, “la ciudadanía
pide más seguridad”, entre otras) para que se sancionen leyes que
hacen posible la existencia de políticas punitivas. Qué es lo que no se
dice: la definición de seguridad como la protección del Estado de los
derechos a que todos los ciudadanos tengan vivienda, comida, trabajo,
educación, salud, previsión social… Esto no se publica en los medios,
al menos no con la insistencia con la que aparecen las noticias
policiales y, si sale información de este tipo, no se la relaciona con la
(in)seguridad. Antes bien, saturan con noticias que alimentan el
“pánico moral” (Hall), presentan la cotidianeidad como un lugar
inseguro, ligan la inseguridad con el robo y construyen al pobre como
chivo expiatorio, al que se le adjudican los atributos de peligroso,
sospechoso, delincuente, sin derechos ciudadanos –el “menos que
humano”, diría Judith Butler– y se lo separa del que sí es humano,
ciudadano, del “decente” y con derechos, el que es “robado”,
“victimizado”. El pobre es, de este modo, relacionado directamente
con las figuras del delincuente o del potencial delincuente, es
tematizado como sujeto peligroso al que no le caben derechos
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