JOVENES Y SEGURIDAD

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volveremos más adelante. A más de ello, existe un campo puntual que
el Gobierno no puede legislar ni reglamentar y es el de las “acciones
privadas”, especial y fuertemente protegidas por el artículo 19 de la
Constitución Nacional. Este artículo dice, textualmente, lo siguiente:
Las acciones privadas de los hombres que de ningún
modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un
tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad
de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado
a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
prohíbe.
De la segunda parte se desprende el llamado principio de
legalidad, pero éste se relaciona con la primera parte que no le permite
al Estado ingresar o regular aspectos vinculados con la privacidad o la
intimidad de las personas, ya que ello se encuentra protegido
constitucionalmente. Por supuesto, no es claro determinar qué se
entiende por “acciones privadas”. Al respecto, Sagüés (2007, p. 672)
distingue tres tipos de conductas para analizar: a) Las acciones
privadas internas, que son los comportamientos privados en sentido
estricto, que empiezan y terminan en el sujeto que los realiza, b) Las
acciones privadas externas, que son aquellos comportamientos que, si
bien realizados por un sujeto, lo “trascienden” y por tanto son
conocidos por otros. Estas conductas, en tanto no “ofendan” el orden
público y la moral pública ni perjudiquen a un tercero, son acciones
protegidas por la Constitución. El problema es determinar qué
comporta dicha “ofensa” y en particular si ella se refiere a los tres
términos que la categorizan en forma separada (lo que implica,
practicamente, el vaciamiento de la norma) o bien las tres en forma
conjunta y simultánea. Esto se discutió en la jurisprudencia, cambiante,
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación con la
tenencia de drogas para consumo personal. El fallo “Arriola” de la
CSJN de agosto del año 2009 vuelve a la que consideramos “correcta”
jurisprudencia sentada ya en “Bazterrica” (CSJN, Fallos 308:1412 de
1986, frente a los precedentes contrarios sostenidos primero en
“Colavini”, CSJN Fallos 300:254 de 1978 y, luego del cambio
producido por el fallo Bazterrica, posteriormente en el caso
“Montalvo”, CSJN, Fallos 313:1333 de 1990) que entiende que la
protección constitucional en relación con las acciones privadas se
vincula con la “ofensa” de los tres requisitos estipulados en el artículo