Territorios colectivos de indígenas y afroamericanos

legales persistieron hasta la adopción en 1998 de la nueva Constitución Política. Con apoyo en esa
legislación aún no revisada totalmente a la luz del nuevo ordenamiento constitucional, se ha hecho
entrega legal de tierras a los indígenas en forma individual y colectiva. En Panamá se da un fenómeno
particular, una ausencia total de disposiciones legales ordinarias que habiliten al Estado para la entrega de
tierras y fijen los procedimientos para hacerla de forma legal; las tierras reconocidas en propiedad lo han
sido a través de leyes especiales de la Asamblea Nacional, invocando las normas constitucionales.
Otros países latinoamericanos han ido avanzando de forma progresiva en la definición de sus propios
modelos. Brasil, con apoyo en el régimen especial adoptado en desarrollo de la Constitución del año
1988, ha realizado un ambicioso programa de titulación de tierras a sus pueblos indígenas que comprende
una superficie superior hoy a los 100 millones de hectáreas. Perú tiene definido desde la década de los
años setenta del siglo anterior, un régimen especial de entrega de tierras colectivas a las comunidades
nativas (indígenas de la región amazónica) y a las comunidades campesinas (indígenas andinos). Bolivia
también adoptó, durante el desarrollo de la Constitución de 1994, un nuevo régimen de reconocimiento de
los llamados Territorios Comunitarios de origen. Regímenes orientados hacia el reconocimiento colectivo
de tierras a los indígenas han sido acogidos por otros varios países, entre ellos Paraguay y Costa Rica,
cada uno con variantes en la naturaleza jurídica de los títulos, en los procedimientos de entrega y en el
tipo de garantías y limitaciones que atribuye a los beneficiarios de estos reconocimientos.
A continuación, se hará una reseña de los procesos de reconocimiento y titulación a las comunidades
indígenas y afroamericanas que se han venido aplicando en Colombia, Ecuador y Panamá.
Tierras colectivas para indígenas y afroamericanos en Colombia
Pueblos Indígenas
Aunque la Ley de Reforma Agraria, aprobada en 1961, autorizaba al Instituto Colombiano de Reforma
Agraria, INCORA, para constituir resguardos de tierras a favor de aquellos grupos que habitaran regiones
selváticas y carecieran de títulos sobre sus territorios, la política de este organismo en sus veinte primeros
años fue la de entregar a estas comunidades amplias porciones de tierras con la perspectiva de hacer
parcelaciones posteriores entre las familias cuando éstas hubieran asimilado las “bondades” de la
propiedad individual, y tramitar títulos individuales de propiedad sólo para las familias que los
demandaran. De otra parte, el INCORA inició, con el apoyo de otras entidades del Estado, un trabajo
sistemático de división de las tierras de los resguardos coloniales, con el pensamiento de entregar a cada
familia un título de dominio que la habilitara para ser sujeto de crédito ante el mismo instituto y ante otros
organismos que manejaban este tipo de recursos para los campesinos.
Ni las llamadas reservas indígenas que en alto número entregó el INCORA a diversas comunidades,
pudieron ser parceladas posteriormente como lo pretendía aquel organismo, ni la campaña de división de
los resguardos coloniales tuvo los resultados esperados. La oposición que encontraron estas políticas fue
tan agresiva que se temió la alteración del orden público hasta el punto de que un resguardo que alcanzó a
ser parcelado debió reconstituirse en poco tiempo para evitar enfrentamientos entre los comuneros que, en
su mayoría, después de un corto tiempo, llegaron a la conclusión de que el nuevo sistema representaba un
descalabro.
Después de un largo proceso de estudio a través de seminarios y talleres con la participación de
universidades, científicos sociales y las propias organizaciones indígenas, el INCORA rectificó su política
y determinó el mantenimiento y fortalecimiento de los llamados resguardos coloniales, adquiriendo tierras
aledañas para aquellas comunidades que poseían muy pocas y acordando algunos programas de crédito y
asistencia técnica con sus autoridades. Sobre las reservas indígenas constituidas, se determinó su
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