Territorios colectivos de indígenas y afroamericanos

La posibilidad de acceder de manera regular y sostenida al uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables se relaciona estrechamente con la forma de tenencia y dominio que se ejerza sobre la
tierra. Los indígenas han demostrado que la ocupación y posesión colectiva sobre extensiones amplias de
tierra les permite seleccionar entre una amplia diversidad de opciones, áreas de cultivo, recolección, caza
y pesca, facilitándoles además la cooperación y reciprocidad entre vecinos, que tradicionalmente han
empleado para resolver los asuntos primordiales de su economía.
En Colombia la figura del Resguardo, que entraña el pleno dominio de la tierra, comporta la capacidad de
uso de los recursos naturales renovables, con las limitaciones que les imponen su propia cultura y las
disposiciones nacionales sobre medio ambiente y defensa de los ecosistemas. Para las comunidades
afrocolombianas, la Ley 70, al definir los territorios colectivos, determina que comprenden el dominio de
los bosques, pero excluyen otros recursos como las aguas y la fauna silvestre. Sin embargo, en la mayoría
de resguardos de extensiones menores, constituidos en zonas de colonización de gran presión
demográfica, las comunidades se enfrentan a la escasez de recursos naturales y tienen que modificar
forzosamente sus sistemas de trabajo y organización.
En Panamá, las comunidades indígenas que habitan las Comarcas tienen, en ejercicio del dominio que
ejercen sobre la tierra, plena y exclusiva capacidad de uso sobre los recursos naturales y comparten con
las entidades nacionales la responsabilidad administrativa de velar por la defensa del medio ambiente y
los recursos naturales.
En Ecuador, las disposiciones que rigen la creación y funcionamiento de las figuras de Centros,
Asociaciones de Centros, Cooperativas, Comunas etc., no traen una normatividad clara sobre la materia
de los recursos naturales. Podría entenderse que, hallándose estas formas de dominio regidas por el
derecho privado (código civil), les serían aplicables las atribuciones y límites que se imponen a los
propietarios particulares. Sin embargo, la Constitución Política del 98, en normas que no han sido
desarrolladas, señala entre los derechos colectivos reconocidos a las comunidades el de “participar en el
uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus
tierras “ (art. 84-4).
A propósito del tema de los recursos naturales, conviene llamar la atención sobre las ventajas que
entidades responsables de su defensa, le han conferido a los territorios entregados colectivamente a
indígenas o afroamericanos en comparación con las limitaciones que pesan sobre la propiedad parcelaria,
permitiéndoles una adecuada planificación en el uso de los recursos apoyada en su pensamiento telúrico
tradicional de respeto a la naturaleza.
También es oportuno mencionar aquí el tema de relaciones entre territorios indígenas y parques naturales.
Estos, fruto de las políticas medioambientales inspiradas en convenios internacionales, han sido creados
frecuentemente sobre extensas zonas de pueblos indígenas, algunas ya reconocidas en propiedad a sus
tradicionales poseedores, situación que se repite invariablemente en todos los países americanos con
poblaciones indígenas. El tema ha sido objeto de estudio en eventos promovidos por los Gobiernos y por
las mismas organizaciones indígenas. En Colombia y Panamá, se han llegado a concretar algunos
fundamentos que abren la posibilidad de coexistencia de las dos figuras jurídicas y se intenta proyectar
este avance en algunos planes conjuntos de trabajo. En Ecuador donde existe aún confusión legal sobre la
prelación de derechos del Estado y los Indígenas, se han dado muy pocos avances prácticos para
esclarecer esta materia. Se trata sin duda de un tema de particular interés para el futuro de las políticas
ambientales e indígenas
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