Territorios colectivos de indígenas y afroamericanos

a los indígenas y confirma el carácter civil de esta propiedad cuando en el artículo 22 de su texto habilita
a los dueños de las tierras comunales a disolver a su voluntad estas formas de tenencia. 17
La Constitución de 1998 modificó, sin embargo, el tratamiento jurídico dado hasta entonces a la
territorialidad indígena, cuando determinó que las tierras comunitarias indígenas serían en adelante
“imprescriptibles”, “inalienables, inembargables e indivisibles” y que estarían “exentas de pago de
impuesto predial”. Aún no se ha avanzado en la definición de un régimen legal ordinario que determine
cuáles podrían ser los alcances de estas normas constitucionales en relación con las tierras anteriormente
reconocidas a los indígenas, bajo cualquiera de sus modalidades, como propiedades colectivas. En
principio, parece que todas las tierras reconocidas colectivamente a las comunidades, bajo cualquier
modalidad, han entrado a tener las características ya señaladas. Si esto es así como parece, está claro que
el nuevo ordenamiento tendrá que entrar a sustituir el régimen administrativo actual de Centros,
Asociaciones de Centros, Cooperativas, Comunas y Territorios de Pueblos o Grupos étnicos. La
confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, adelanta actualmente negociaciones
con el Estado ecuatoriano para avanzar en el estudio y posible adopción de un proyecto de Ley
denominado “Ley de Pueblos Autodefinidos como Nacionalidades”. Este texto de ser acogido como ley,
definiría una compleja estructura de gobierno de los territorios indígenas que trasciende ampliamente el
marco de la simple propiedad patrimonial colectiva sobre la tierra.
La Constitución ecuatoriana del 98 también dijo en su artículo 85 que el Estado reconocería y garantizaría
“a los pueblos negros o afroecuatorianos los derechos determinados” por la misma Constitución para los
pueblos indígenas “en todo aquello que les sea aplicable”. Aún no se ha acogido ninguna norma legal, de
la que se tenga conocimiento para desarrollar la disposición señalada.
Tierras colectivas para indígenas y afroamericanos en Panamá
La legislación agraria y, en general, el conjunto de las leyes ordinarias de Panamá, anteriores a la última
década, no traen muchas disposiciones relacionadas con el tema de las tierras indígenas. Algunas normas
de orden constitucional y legal se produjeron durante 1925, tendientes a resolver el conflicto que se había
suscitado con las comunidades Kuna del Archipiélago de San Blas. Estas normas, reiteradas en las
constituciones de 1941 y de 1946, habilitaban al Estado para crear comarcas regidas o administradas por
ordenamientos especiales con el carácter de entidades político administrativas. La Constitución del año 46
que traía un capítulo especial sobre colectividades campesinas e indígenas comprometió por primera al
Estado a reservar tierras a favor de las comunidades indígenas. En 1972 fue acogida una nueva
Constitución política que abrió un espacio jurídico a los indígenas del país, al determinar, por una parte,
que se podrían crear nuevas divisiones políticas sujetas a regímenes especiales por motivos de
conveniencia o de servicio público; y, por otra, que la responsabilidad de la reserva de tierras para los
indígenas entrañaba la del reconocimiento de “la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su
bienestar económico y social”. Decía también la Constitución que la Ley regularía los procedimientos a
seguir “para lograr la finalidad y las delimitaciones correspondientes dentro de las cuales se prohíbe la
apropiación privada de tierras”.
Ya para el año de 1972, el Estado panameño, en sus esfuerzos por definir un régimen que facilitara el
entendimiento razonable con los indígenas Kunas de San Blas, había proferido diversas disposiciones que
le daban al territorio, primero, el carácter de reserva indígena, reconociendo su ocupación por las tribus
aborígenes que las habitaban, 18 luego definían este mismo territorio como Comarca de San Blas, pero sin
reconocer poder alguno a las autoridades indígenas, 19 y, finalmente, definían los principios de la
17 Ley 54 de Junio 10 de 1994.
18 Ley 59 de Diciembre 12 de 1930.
19 Ley 2 de 16 de septiembre de 1938.
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