Territorios colectivos de indígenas y afroamericanos

Estados, salvo casos excepcionales como el de la explotación del caucho en la Amazonía a costa de la
vida de millares de indígenas, se mantuvieran durante los últimos dos siglos, ante la indiferencia de los de
la comunidad internacional. El botín perseguido eran las tierras y la mano de obra de las comunidades.
Las insurrecciones indígenas se presentaron en casi todos los países y hubo repliegues masivos de
comunidades a zonas inhóspitas. Las confrontaciones tuvieron diferentes matices y en algunos casos se
prolongaron hasta ya muy avanzado el siglo veinte.
La Constitución Peruana de 1920 consagró por primera vez en América la existencia legal de las
sociedades indígenas y su derecho de dominio imprescriptible sobre la tierra. En 1940, el Congreso de
Patzcuaro, en México, creó el Instituto Indigenista Interamericano que trazó algunas pautas para la
defensa de los indígenas. La OIT mediante los Convenios 107 de 1957 y 169 de 1989, abrió espacios de
respeto a los derechos fundamentales de los indígenas, especialmente, el de tener su propio territorio. Los
Estados centro y suramericanos han empezado a caminar de forma progresiva en esta misma dirección.
Según la información disponible, un 10.57 por ciento de la población total de Centro y Suramérica, es
indígena. Esto entraña a los Estados la obligación de respuesta a las necesidades básicas y de desarrollo
de este sector, de magnitudes muy altas en países donde el tamaño numérico supera o se acerca al 50%.
Pero fuera de la incidencia numérica de estas comunidades que juega su papel en la estabilidad de los
sistemas políticos, otros factores deben considerarse: el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
preservado contra todas las contingencias enriquece a las naciones ayudándolas en la búsqueda de su
identidad; la solidaridad y comunitarismo de las formas de organización indígenas constituyen un
elemento de reflexión sobre los modelos de relación de nuestras sociedades; el saber acumulado que ha
permitido a los indígenas sobrevivir milenariamente en terrenos inhóspitos e insalubres, disponiendo
moderadamente de los recursos y las especies naturales que conocen bien y que hoy son codiciados por
lucrativas empresas particulares, debe ser defendido por los países como parte esencial de su patrimonio;
y, finalmente, la misma magnitud de los territorios que con título o sin él, ocupan los pueblos indígenas,
hace que reconocer legalmente sus derechos sea una forma de defender a cada país, puesto que las tierras
ocupadas coinciden muchas veces con zonas limítrofes o con reservas naturales que comprenden valiosos
recursos.
En las últimas décadas los indígenas han obtenido logros importantes en la formación y consolidación de
sus organizaciones como el respeto ganado ante las sociedades nacionales, el reconocimiento
institucional, la legalización de tierras, el alcance de algún grado de autonomía en asuntos internos y la
posibilidad de intervenir en los asuntos de la vida política de su país. Pese a estos avances, las sociedades
indígenas buscan la concreción de muchos de los nombrados y otros derechos como el desarrollo legal de
las garantías acogidas en las Constituciones y los Convenios Internacionales; la consolidación de los
procesos de entrega de tierras; mayor autonomía para el manejo de sus asuntos internos; las medidas que
les permitan erigirse en entes político-administrativos en los casos en que las Constituciones les han
concedido esa opción; libertad de intervención en la explotación y usufructo de recursos naturales
renovables así como el poder de participación en la explotación y manejo de los no renovables; y derecho
a acceder al desarrollo político y económico sin sacrificar su pensamiento, sus valores y su forma de
relacionarse con el medio natural que habitan, ya que son elementos constitutivos de su identidad cultural.
El mantenimiento de los avances y el logro de las expectativas dependen sin duda de la fuerza y
coherencia que consigan mantener los indígenas en su organización, así como la actitud de cada Estado
frente a su población indígena y de la labor de las organizaciones y entidades con interés en la defensa de
sus derechos. Sin embargo, parece necesaria una revisión crítica constante de las actitudes y acciones de
cada uno de estos sectores ya que pudieran incidir negativamente en el desarrollo del proceso.
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