revista migrantes No. 1 copia - Observatorio de Migraciones

Política s migratorias ecuatorianas
grama para desarrollar políticas concretas que apunten
a los problemas estructurales desde los cuales
emanan las violaciones.
Son presupuestos claves del enfoque de derechos
humanos: el principio de inclusión articulado al de igualdad
y no discriminación; el principio de participación y
el de rendición de cuentas y responsabilidad.
La articulación inclusión, igualdad y no discriminación
determina la necesidad de la adopción de medidas
para traducir la igualdad formal en una verdadera
igualdad material, y por tanto obliga a ubicar grupos
prioritarios de atención –aquellos sujetos a los
procesos de discriminación/exclusión– y establecer
medidas positivas de atención en su favor. En materia
de movilidad humana estos grupos podrían ser
los migrantes irregulares, las mujeres, los niños/as y
adolescentes, las familias de migrantes, los/as adultos/as
mayores entre otros. Sin duda, para su ubicación
es fundamental incorporar en el análisis los enfoques
de género, interculturalidad, generacional y
de diversidad.
La participación se traduce en la necesidad de la intervención
directa de los actores a través de espacios
que les permitan aportar en el diseño, implementación
y evaluación de las políticas migratorias y
que van desde el manejo de flujos hasta las políticas
públicas de integración y convivencia.
Sin duda, una sociedad que promueve el desconocimiento
del otro y le niega su participación, en sí misma
se está desconociendo y pone en evidencia las
limitaciones o fragilidades de su concepción de ciudadanía,
por tanto está incumpliendo con las obligaciones
que impone un verdadero estado constitucional
y social de derecho.
Además bajo este enfoque es necesario garantizar
espacios efectivos de rendición de cuentas, como un
mecanismo para concretar procesos de exigibilidad.
Estos no se pueden limitar a la creación de un consejo
o instancia burocrática del Estado, sino a la generación
de una dinámica permanente de información
y participación que permitan el reajuste de las políticas,
la determinación permanente de los avances, límites
y progresos. La rendición de cuentas implica
por tanto el desarrollo de instancias y capacidades
desde el Estado, pero también depende del desarrollo
de iniciativas y vocaciones desde la propia sociedad
civil.
Además siendo la movilidad un proceso complejo,
integral y transnacional, el cual rompe con la noción
de los estados naciones, comparte también la necesidad
de ubicar espacios de participación y de rendición
de cuentas más allá de la esfera nacional y que
obviamente demandan la búsqueda de espacios de
justicia transnacional.
Este principio permite posicionar a la movilidad como
hecho político y genera un serio cuestionamiento a la
noción clásica de ciudadanía, obligándola a desvincularla
de concepciones territorialistas, basadas
en la nacionalidad; e inscribirla en la dimensión real
que ésta debe tener, en el sentido de garantizar el
derecho efectivo de las personas a su libre movilidad,
a su libre expresión, asociación y a garantizar el
derecho a la información como base fundamental del
desarrollo de su personalidad y dignidad, en cualquier
espacio o lugar del mundo donde la persona se encuentre.
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