Edicion 20181002

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12 Página SIETE M a r te s 2 de octubre de 2 018 o p i n i o n @ p a g i n a s i e te . b o Opinión Diario fundado el 24 de abril de 2010 DIRECTOR A: ISABEL MERCADO HEREDIA S u b d i re c to ra : Mery Vaca Villa Jefe de Redacción: Alcides Flores Moncada Jefe de Informaciones: Juan Carlos Véliz Morejón El duro impacto del fallo de la CIJ Ed i to r i a l Este 1 de octubre de 2018 acabó de forma abrupta una de las mayores expectativas en las que muchos bolivianos habíamos creído y confiado: que la centenaria demanda de volver al océano Pacífico de forma soberana, encontrando una solución a nuestro enclaustramiento, fuese finalmente valorada por una corte internacional; y que nuestro vecino, que hace 140 años usurpó este territorio por medio de una invasión, fuera obligado a negociar de buena fe para dar respuesta a esta justa aspiración. Un siglo de declaraciones, acuerdos, acercamientos, rupturas y otros fueron puestos sobre la mesa en la demanda que Bolivia, a través de un equipo jurídico nacional e internacional, interpuso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la máxima instancia internacional para dirimir este tipo de dif e re n d o s . Cuando, en septiembre de 2015, esta corte se declaró competente para tratar esta demanda, Bolivia empezó a tejer un sueño que fue alentado no sólo por las autoridades, sino por excancilleres y expresidentes, y acompañado por buena parte de la ciudadanía. De modo que ayer, cuando el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, presidente de la CIJ, dio lectura al fallo y desestimó, uno por uno, los argumentos que dieron cuerpo a la demanda boliviana, el sentimiento de derrota y frustración fue genuino e indisimul a b l e. 12 de 15 integrantes de este tribunal encontraron insuficiente la argumentación boliviana de “derechos expectaticios”y no hallaron elementos que obliguen a Chile a negociar en ningún sentido. Aunque, al final de la lectura –luego de casi una hora de explicación detallada de ocho puntos centrales expuestos por la defensa boliviana– Ahmed Yusuf afirmó que a pesar de rechazar el alegato no se excluye la posibilidad de que ambos países continúen dialogando, es preciso admitir que la derrota fue categórica. Pero, si desde lo jurídico se debe asumir este triste epílogo de uno de los momentos más intensos de este largo e infructuoso diferendo, es importante ahora, invocar a la Cuando se leyó el fallo y se de se stimaron los argumentos de la demanda boliviana, el sentimiento de derrota y frustración fue genui no. Sin duda, hay que hacer autocrítica, pero nada de esto deberá significar renunciar a la aspiración nacional de superar la condición de mediter raneidad. unidad de los bolivianos en torno a esta reivindicación. Ya llegará el momento del replanteamiento . Son muchos los países que han resuelto distintos impasses territoriales, producto de conflictos bélicos o de otro tipo, por medio de la creatividad, la buena voluntad y la buena fe. Que Chile considere ahora que no tiene ya nada que conversar con Bolivia para resolver este tema es un error parecido a considerar que haber apostado por una demanda en una corte internacional fue un fracaso anunciado y previsib l e. Sin duda, hay que hacer autocrítica y meditar profundamente sobre los errores cometidos, las responsabilidades en la estrategia aplicada y los pasos a seguir, pero nada de esto deberá significar renunciar a la aspiración nacional de superar la mediterraneidad que nos afecta. Aunque hay que convenir que de ahora en adelante deberá ser únicamente la buena voluntad del país trasandino la que medie para cualquier acercamiento, con este fallo no se invalidan los argumentos ni los hechos históricos, recogidos tantas veces por los historiadores y expertos bolivianos e internacionales. Si la demanda boliviana fue objeto de respaldo internacional, incluso en el propio Chile y por personalidades de todo el mundo, no es porque haya sido un mal invento boliviano, sino porque en efecto existe la necesidad de resolver este d i f e re n d o. Esta fue la intención de Bolivia con esta demanda ante esta corte internacional, y que haya sido fallida la misión emprendida por el equipo jurídico no debiera representar una renuncia a una invocación que además es, a estas alturas, indispensable para la buena vecindad e integración regional. Deberán ser futuros protagonistas quienes encuentren nuevas vías de diálogo y acercamiento. Entretanto, esperamos que este triste momento sea encarado con sensatez por todos los actores y ciudadanos; y que no sea motivo de más enfrentamiento ni encono entre bolivianos, sino que represente una lección aprendida: la cautela es mejor consejero que el triunfalismo anticipado del que todos debiéramos asumirnos como responsables. Cosa seria / Ab e c o r E n re d a d os Luto en nuestros corazones Roberto Brockman El boliviano que se alegre por el fallo de La Haya porque crea que significa una derrota de Evo Morales ha perdido los papeles y es despreciable. Luto en nuestros corazones. Oigo niños de escuela cantando el himno nacional. Lloro. (Twitter) Página SIETE / Diario nacional independiente ¡ S u p e ré m o s l o ! Andrés Gómez Alemania se levantó de dos guerras mundiales; Japón, de dos bombas atómicas; es tiempo de superar la invasión y guerra de hace 139 años. (Twitter) Artículo 21 de la Constitución Política del Estado Plurinacional: “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colecti va ”. D i re c to ra : Isabel Mercado Heredia. S u b d i re c to ra : Mery Vaca Villa Jefe de Redacción: Alcides Flores Moncada. Jefe de Informaciones: Juan Carlos Véliz Morejón. E d i to re s : Pablo Peralta (Nacional), Marco Belmonte (Economía), Daniela Romero (Seguridad), Roxana Pomier (Deportes), Liliana Carrillo (temas especiales), Ivone Juárez Z. (Opinión), Anahí Cazas (Sociedad), Fernando García Torrez (Culturas), Fernando Chávez (Planeta, Miradas), Cecilia Lanza Lobo (Rascacielos) y Rodolfo Huallpa Condori (editor Web). Diseño: Edmundo Morales C. (Director gráfico) Fo to gra f í a : Víctor Gutiérrez Presidente del Directorio: Raúl Garáfulic L. Vicepresidente Ejecutivo: Carlos Saravia D. Gerente Comercial: Nadia Diab Linale. Gerente de Publicidad: Cecilia Tejerina D i st r i b u c i ó n : Marco Téllez. Distribución nacional: Douglas Azurduy. I m p re s i ó n : Papel Principal S.A. Compañía Editora Luna Llena S.A. Nº de Depósito Legal: 4-3-25-10 D i re c c i ó n : Achumani, Calle 9 N°6, La Paz. Teléfonos: Central: (591) 2-2611700; Comercial: (591) 2-2611731 - 2611707 - 2611709 Suscripciones: (591) 2-2611734. We b : www.paginasiete.bo - La Paz, Bolivia
Síganos en Facebook y Twitter w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g i n a s i e te @ p a g i n a _ s i e te Opinión Página SIETE M a r te s 2 de octubre de 2018 o p i n i o n @ p a g i n a s i e te . b o 13 Frase del día “Si bien no hay obligación de negociar, hay una invocación a continuar con el d i á l o go”. Evo Morales, presidente de Bolivia Atando cabos /Rodolfo Eróstegui T. 2° aguinaldo: beneficio o derecho adquirido de los trabajadores Como dice el dicho, no hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague. Y llegó octubre, mes fijado por las autoridades para confirmar si este año se paga o no el segundo aguinaldo. Este beneficio se lo denomina “Esfuerzo por Bolivia”y se paga a los trabajadores activos del sector público y privado, siempre y cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) sea mayor al 4,5%. Una de las consideraciones para implementar el pago del segundo aguinaldo, según se establece en el DS 1802, se debe a que las trabajadoras y los trabajadores del Estado Plurinacional contribuyen al crecimiento del PIB. Esto significa que se está tomando únicamente como factor del crecimiento, el aporte que realizan aproximadamente 1.101.600 personas, que son las que cobrarían este beneficio, y no las 5.508.016 personas ocupadas en el país. En otras palabras, sólo cobraría el 20% de la población ocupada. No recibirían este pago la mayoría de los trabajadores rurales, así como un gran número de los trabajadores de las micros empresas y los trabajadores por cuenta propia e informal. Pero el Decreto 1802 no sólo no hace participar de este beneficio al 80% de los trabajadores y trabajadoras del país, sino que no toma en cuenta que la productividad no sólo es el resultado del esfuerzo de los trabajadores, sino también de los empleadores, pues la productividad es el resultado de la utilización de otros factores más. Los estudios empíricos y la teoría económica nos señalan que el crecimiento económico en el largo plazo está asociado a dos tipos de factores: 1) aumento en el uso de factores productivos (capital y trabajo); 2) aumentos en la eficiencia o productividad con que se utilizan estos factores a través de innovaciones técnicas y mejores procedimiento. De esta manera se “p re m i a ”al factor trabajo y se castiga al inversor que arriesga el capital para crear las fuentes de trabajo. Por otro lado, según algunos Son derechos adquiridos aquellos que nacen de las disposiciones legales, del acuerdo entre partes o por el acto unilateral del emplead o r. expertos, el monto monetario que se eroga por este motivo no provoca una modificación significativa de la estructura de la distribución del ingreso (Página S iete 30 de septiembre de 2018), pero si estamos en condiciones de afirmar que existen efectos nocivos, sobre todo en las pequeñas empresas industriales. También esta medida desincentiva a realizar inversiones. Muchos dirigentes empresariales, sobre todo aquellos que representan a las pequeñas empresas, han manifestado su rechazo pues los ingresos que generan no alcanzan ni siquiera para pagar un aguinaldo, debido a que el mercado interno está invadido de productos chinos que ingresan de contrabando. Es más, en el pasado, algunas empresas estatales tuvieron dificultades para hacer efectivo el pago del segundo aguinaldo. El año 2015, en la unidad legal y financiera de la Empresa Minera Huanuni, perteneciente a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), se discutió la viabilidad del pago del segundo aguinaldo debido a que no se registró utilidades por la caída de los precios del estaño. En esa misma situación se encuentran un gran número de empresas y no hablo sólo del sector minero, sino de casi la totalidad de los sectores que componen el tejido productivo del país. En la práctica, el segundo aguinaldo es el pago de un beneficio que el 20% de los trabajadores lo consideran como un derecho adquirido. Y es un derecho adquirido porque se deriva del Decreto Supremo 1802. Son derechos adquiridos aquellos que nacen de las disposiciones legales, del acuerdo entre partes o por el acto unilateral del empleador en beneficio del trabajador. Desde esta perspectiva, la Constitución Política señala que los derechos y beneficios que tienen los trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. De esta manera, el aguinaldo (primero y segundo) es un sueldo anual que deben recibir todos los trabajadores que entre enero y diciembre hubiesen cumplido 30 días de trabajo en el sector productivo (obrero) y 90 (empleados) en los otros sectores. Generalmente se instruye su pago hasta el 20 de diciembre sobre el promedio de los últimos tres meses trabajados. Rodolfo Eróstegui T. es experto en temas laborales. La escaramuza /Renzo Abruzzese El pueblo negado Entre las lógicas que mueven el poder populista, una de las más importantes se asienta en la categoría “p u e b l o”. Por lo general, populistas y fascistas conciben “el pueblo” como el agredado de los ciudadanos afines y, en lo posible sumisos, arrimados a su tienda política. Estos acólitos hacen posible delimitar las características de aquellos que no pertenecen a sus propias huestes; es decir, “los otros”, los “e n e m i go s ” los “antipatria”o, en la jerga masista, “los neoliberales”. Todos los que no están con ellos no hacen parte del “p u e b l o”. El pueblo son los pobres, los despojados, víctimas de los “o t ro s ”; los “o t ro s ”son los feroces agentes del imperio, enemigos de las clases humildes, explotadores, etcétera. Ordenada de esta manera la sociedad, todos los ciudadanos calificados como “e n e m i go s ” son negados por el Estado, son rémoras del pasado y, en consecuencia, habría que eliminarlos de los escenarios de la vida pública, política, cultural o económica. El “p u e b l o”se resume así a los acólitos visibles y/o poco visibilizados, pero, en todo caso, a aquellos de los que el caudillo tiene la certeza de que no votarían por otro candidato; más aún, aquellos que no se atreverían a impugnarlo y menos solicitar su inhabilitación. El “p u e- b l o”se reduce, de esta manera, a las huestes afines, que a la sazón de la coyuntura actual boliviana son ya menos del 30%, según más de una encuesta rec i e n t e. La pregunta del millón es como sigue: ¿cómo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llegó a la conclusión de que sólo unos cuantos tienen el derecho de solicitar la inhabilitación de un candidato? Esto sólo es posible si compartimos las mismas visiones, si definimos las cosas de la misma manera que el caudillo y si, finalmente, asumimos que el “p u e b l o” son unos cuantos, pero no todos; sumergirse en los conceptos arbitrarios, recortar la realidad y suponer que los escasísimos militantes que registran las organizaciones políticas hacen el corpus completo de los ciudadanos; en otras palabras, asumir que la realidad se constituye de una ciudadanía castrada justo a en la medida de los intereses del partido de gobierno. La disposición ha sido calificada de “vergonzosa, tramposa y descarada” desde el momento en que es casi imposible que un militante se atreviera a solicitar la inhabilitación de su candidato, no sólo por las características personalísimas del líder de esa tienda política, Evo Morales, sino, además, porque el MAS no tiene posibilidad alguna de proponer otro candidato que no sea Morales. Pero no es esto lo fundamental, lo básico es que devela el grado de subsubción real y moral del Tribunal, de la asimilación y dependencia en que se encuentra ese Poder del Estado; piensa igual, tipifica igual, se somete igual y se erige como la negación de la ciudadanía democrática de este país. Se trata de una disposición “a la medida” de las estrategias prorroguistas de Morales y una declaración de parcialidad inaceptable. Una sumisión, cuyo volumen se ajusta al calificativo que sugirió el senador Murillo. “Los ladrones –dijo–p re t e n d e n secuestrar nuestra democracia”. La norma es tan absurda que en la portentosa hipótesis de que un millón de ciudadanos se encuentren inscritos en los diferentes partidos legalmente reconocidos en la actualidad por el mismo TSE, 5,9 millones de electores (de un total de 6,9 millones oficialmente inscritos, según el TSE) serían despojados del derecho a impugnar y solicitar la inhabilitación de un candidato. Se trata de un acto que deviene en la negación de la condición de ciudadanía en el ámbito electoral, negación propia de las más burdas dictaduras y los más ineptos operadores estatales. Las consecuencias de este atropello serán sin duda desastrosas y en proporción al daño infringido. Si la ciudadanía es negada de forma tan grosera, es clara señal de que las cosas ya no pueden solucionarse en sujeción a las normas de una convivencia pacífica. Ese 63% que hoy no apoya la pretensión prorroguista del Presidente comprenderá, finalmente, que cuando la ley sólo vale para el poderoso, la resistencia pacífica es casi una obligación y para ello hay una generación completa dispuesta a tomar las calles. Renzo Abruzzese es sociólogo.
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