Edicion 20181002

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Especial
Página SIETE M a r te s 2 de octubre de 2018
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Fallo de La Haya
Andrés Guzmán Escobari
El terrible fallo de La Haya
La sorpresiva decisión
de la Corte Internacional
de Justicia, de
resolver por 12 votos a
3, que Chile no adquirió la
obligación de negociar un
acceso soberano al Océano
Pacífico y que, consecuentemente,
rechaza los otros pedidos
de Bolivia, también
por 12 votos a 3, debe llevarnos
a una profunda reflexión
y autocrítica para replantear
y reformular nuestro objetivo
más que centenario de recuperar
una salida soberana
al mar, pues tal como coincidimos
la gran mayoría de los
bolivianos, no existe ni la
más mínima posibilidad de
claudicar.
La nueva estrategia y el ámbito
en que será aplicada tendrán
que definirse en base al
Antes de
proceder, cabe preguntarse
¿qué
pasó?, ¿realmente
lo hicimos
tan mal?
presión de que nos amparábamos
en una mezcolanza de instrumentos
que se acumulan
pero que no demuestran la
existencia de una obligación
de negociar? La respuesta también
parece ser negativa.
Al respecto, debo aclarar que
no pretendo desconocer que
apoyé viva y públicamente lo
que se planteó, porque sinceramente
pensaba que la contundencia
de nuestra demanda radicaba
justamente en la gran
cantidad de instrumentos y
momentos que se presentaban
como prueba de que Chile había
adquirido una obligación de
negociar. Sin embargo, ante la
evidencia de que estaba equivocado
me pregunto, ¿no debieron
nuestros abogados haber
advertido esto?
Por otra parte, si bien tampoco
pretendo poner en duda
la seriedad y probidad de
la Corte, como lo hicieron los
chilenos cuando perdieron
con el Perú y en la fase preliminar
de este mismo caso,
¿por qué la Corte omitió referirse
a los acuerdos de 1923 y
1926?, ¿por qué no se pronunció
sobre lo que ofrecieron y
aceptaron los cancilleres de
Chile Luis Izquierdo y Jorge
Matte en esos años? Es una
duda con la que viviremos
quienes pensábamos que al
menos merecíamos una explicación
al respecto.
Además, ¿por qué la Corte
decidió menospreciar y devaluar
al mecanismo de la negociación
(par. 165) al situarlo
contexto que nos depara el devenir
del siglo XXI. No obstante,
antes de proceder, cabe
preguntarse ¿qué pasó?, ¿realmente
lo hicimos tan mal? Porque
ante semejante resultado,
parece que presentamos una
demanda totalmente alejada
de la realidad y sin ningún sustento
jurídico.
Al respecto, ¿fue acertado
incluir el Acta Protocolizada
de 1920 entre los acuerdos bilaterales
que supuestamente
generaban obligaciones,
cuando ese mismo documento
contiene una frase que
aclara: “las presentes declaraciones
no encierran estipulaciones
que generen derechos
ni obligaciones…”?, la
respuesta es no.
Asimismo, ¿valió la pena invocar
tantas fuentes del derecho
internacional como los
acuerdos bilaterales, los actos
unilaterales, la aquiescencia,
el stoppely las expectativas legítimas,
además de los argumentos
basados en las Cartas
de la ONU y OEA, dando la im-
entre otros métodos de resolución
de conflictos cuando la
tendencia mundial de la teoría
en esta materia y la misma jurisprudencia
de la CIJ colocan
a la negociación como el mecanismo
más apropiado y efectivo
para solucionar problemas
entre Estados?
Son las preguntas que me
deja este fallo que lamentablemente
no contribuyó a resolver
el problema que genera el
enclaustramiento geográfico
boliviano, que seguirá poniendo
en riesgo la paz y la seguridad
de la región por algún
tiempo más.
(*) Andrés Guzmán Escobari es
analista en temas de política exterior