Edicion 20181002

32 Página SIETE M a r te s 2 de octubre de 2018
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Demanda marítima
Fallo de La Haya
/Karen Longaric R.
Fallo de CIJ sobre obligación de Chile de negociar con Bolivia
El 24 de abril de 2013 Bolivia
presentó una demanda
judicial contra
Chile pidiendo a la CIJ
que en virtud a los antecedentes y
pruebas acumuladas declare “la
obligación de Chile de negociar
con Bolivia con el objeto de alcanzar
un acuerdo que otorgue a Bolivia
un acceso plenamente soberano
al océano Pacífico”.
El 1 de octubre de 2018, la Corte
dictó el fallo definitivo y ha desestimado
el petitorio de Bolivia, declarando
que “la República de
Chile no asumió la obligación legal
de negociar un acceso soberano
al océano Pacífico para el Estado
Plurinacional de Bolivia”.
El presidente de la Corte, Abdulqawi
Ahmed Yusuf, dio lectura
a los puntos conclusivos del
análisis jurídico.
Empezó afirmando que Bolivia
nació a la vida republicana con un
extenso Litoral de 400 Km2. Citó
cronológicamente los hechos relevantes
entre ambos países, referidos
a la cualidad marítima y al
acceso soberano de Bolivia al
océano Pacífico. Yusuf se refirió a
los mecanismos pacíficos de solución
de controversias entre Estados,
a la negociación, remarcando
que la obligación de negociar
no implica la obligación de
llegar a un acuerdo. La Corte afirmó
que Bolivia no le había solicitado
que tiene derecho a una salida
al mar, sino que Chile tiene
obligación de negociar.
El magistrado refirió los ocho
ejes que sustentaron el petitorio
de Bolivia y las conclusiones de la
Corte. Una síntesis de ello identifica
lo siguiente:
La Corte afirmó que ninguno
de los acuerdos bilaterales suscritos
por ambos países establece
la obligación de negociar por parte
de Chile. Respecto al Acta Protocolizada
de 1920, señala que ésta
no hace una enumeración de
los puntos a resolver y que no genera
la obligación de negociar.
Sobre las notas de 1950, manifestó
que no revisten la naturaleza de
un tratado, que no fueron redactadas
de acuerdo a la práctica internacional;
por tanto, no generan
la obligación de negociar.
Sobre el Memorándum Truco,
la Corte señaló que no fue dirigido
formalmente a las autoridades
bolivianas, por lo tanto, no establece
la obligación de negociar.
Respecto a la Declaración de
Charaña de 1975, la Corte determinó
que no obstante haber sido
firmada por los presidentes de
Bolivia y Chile, la redacción de esta
Declaración la configura como
un documento político (no de naturaleza
jurídica) y no confirma la
existencia de una obligación de
negociar. La Corte estableció que
los comunicados intercambiados
en oportunidad de las negociaciones
del Enfoque Fresco son
distintos entre sí, en consecuencia
no encuentra indicios de que
Chile se hubiese obligado a negociar.
Respecto al compromiso de
Algarve, determinó que las partes
solamente se comprometieron a
iniciar un diálogo sin exclusiones
y no identifica un acuerdo que
obligue a Chile a negociar. Estableció
que la mera mención del
tema marítimo en el punto sexto
de la Agenda de los 13 puntos no
puede obligar a Chile a negociar.
Respecto a las declaraciones
unilaterales de Chile, la Corte
identificó en ellas un deseo de entablar
un diálogo, y no como una
obligación de Chile a negociar.
En cuanto a las “expectativas legítimas”,
señala que Bolivia no ha
demostrado que esta figura haya
en el derecho internacional; la
Corte la identifica en la figura del
Trato Justo y Equitativo incurso
en laudos arbitrales sobre controversias
de inversiones. Al referirse
a la argumentación sustentada
en los artículos 2 y 33 de la
Carta de la ONU y 3 de la Carta de
la OEA, señala que éstos refieren
un deber general de solucionar
controversias, que no obligan a
las partes a recurrir a la negociación;
en consecuencia concluye
que dichas normas no establecen
obligación de negociar.
La Corte concluyó que ninguna
de las 11 resoluciones aprobadas
por la OEA indican que Chile tenga
la obligación de negociar, únicamente
instan a iniciar una negociación,
incluso la Resolución
de 1983. Finalmente, la Corte concluyó
que la obligación de negociar
no resulta de ninguno de los
argumentos de Bolivia y manifestó
textualmente que “a la luz de
los antecedentes históricos y fácticos,
la Corte observa que Bolivia
y Chile tienen una larga historia
de diálogo, intercambios y negociaciones
con el objetivo de identificar
una solución adecuada a la
mediterraneidad de Bolivia después
de la Guerra del Pacífico y
del Tratado de Paz de 1904. Sin
embargo, el Tribunal no puede
concluir, sobre la base del material
que se le envió, que Chile tiene
“la obligación de negociar con
Bolivia para llegar a un acuerdo
que otorgue a Bolivia un acceso
totalmente soberano al océano
Pacífico”(párrafo 175).
La Corte añade: “Sin embargo,
la conclusión de la Corte no debe
entenderse como un obstáculo
para las partes para continuar sus
diálogos e intercambios, en un
espíritu de buena vecindad, para
abordar cuestiones relacionadas
con la mediterraneidad de Bolivia,
cuya solución tienen ambos
reconocida como un asunto de
interés mutuo. Con buena disposición
por parte de las partes,
pueden llevarse a cabo negociaciones
significativas” (párrafo
176). Finalmente, por las razones
referidas: “La Corte considera
que la República de Chile no asumió
la obligación legal de negociar
un acceso soberano al océano
Pacífico para el Estado Plurinacional
de Bolivia”.
Finalizo esta apretada síntesis
destacando la importancia de
realizar una lectura serena de este
fallo, que permita medir su alcance
jurídico y así evitar interpretaciones
forzadas que nos lleven a
equívocos. Queda ratificado
aquello de que la solución del
problema marítimo se dará únicamente
en una mesa de negociaciones,
convocada en términos
amistosos y no coaccionada y menos
al calor de la confrontación.
Karen Longaric R. es profesora de
derecho internacional público.
/ Gonzalo Mendieta Romero
Un revés en toda la línea
No hay nada más sencillo
que buscarle defectos
al fracaso, decían
los confesores de reyes.
Esa premisa, sin embargo,
implica que el fallo de la CIJ es el
fracaso de la estrategia boliviana
de los últimos años. Su adverso
significado en las décadas por venir
no puede ser aún aquilatado
del todo. Alguien dirá que incluso
si hubiéramos vencido en el litigio
estaríamos sin mar, pero eso sería
no comprender las secuelas intangibles
de un revés como éste,
en toda la línea. Hasta los actos
anteriores sobre los que Bolivia
construyó su reclamo internacional
han sido afectados porque un
tribunal ha declarado su falta de
valor vinculante.
La Corte de La Haya resolvió en
síntesis que sí probamos que Chile
aceptó o expresó su voluntad de
negociar con Bolivia o de resolver
su condición mediterránea. Lo
que Bolivia no probó fue que Chile
hubiera además consentido su intención
de atarse a una obligación
de negociar. No ocurrió así, según
la Corte, en ninguno de los actos,
desde el acta protocolizada de
1920 hasta la Agenda de los 13
puntos, ni de forma acumulativa
por esa serie de actos, ni por los silencios
de Chile respecto de convenciones
internacionales.
Y cuando restaba la esperanza
de que las resoluciones de la OEA
o la ONU sirvieran, la Corte añadió
que eran meras recomendaciones.
Ése es el estatus con el que
quedaron selladas las resoluciones
de la OEA de 1979 y de 1983,
por ejemplo. El equipo jurídico
internacional, cuyas intervenciones
orales celebramos, trabajó al
filo de la jurisprudencia y la doctrina.
Esa apuesta ha fallado, aunque
nadie la impugnara aquí en su
momento, no con los fundamentos
que tuvo la Corte.
Los fracasos tienen precio y pasan
facturas. La nacional obliga a
aceptar las circunstancias más
duras que hayamos asumido, al
menos en los últimos 50 años, en
nuestras relaciones con Chile;
mayores que la quiebra de Charaña
o del Enfoque fresco. La factura
política será cobrada en género
por quienes disputan en esas movedizas
arenas, tan amantes del
éxito. No nos quedó ni el consuelo
de que la Corte exhortara a una
negociación. Lo que hizo fue indicar
que su fallo no debe entenderse
como un impedimento para
que las partes continúen sus negociaciones
y diálogos para resolver
la cuestión boliviana, un asunto
que ambas han considerado vigente.
Aunque no es un mero formulismo,
la Corte quiso así cuidarse
de que se tome su fallo como
una consagración del statu quo.
Pero dejó a las partes, y a Chile en
concreto, con la batuta de reabrir
esa puerta. El fracaso no cambia
de nombre por esa frase de la Corte,
aun si algo es mejor que nada.
Cuando se resolvió la excepción
preliminar en 2015, naufragó
la tesis chilena de que todo estaba
definido en el Tratado de 1904. La
existencia misma de las negociaciones
posteriores indica que el
problema geopolítico no ha quedado
resuelto. En lo práctico, basta
preguntarles a tantos bolivianos
las aflicciones que confrontan
al comerciar en un mar ajeno. Esa
realidad permanece; no depende
del fallo. Suena a literatura hoy,
pero uno de nuestros hombres del
mar, Alberto Ostria, simbolizó así
esa necesidad nacional: “si desaparecieren
todos los bolivianos
quedando vivo un solo, ese boliviano
jamás dejaría de reclamar
una salida propia al mar para su
país”.
Finalmente, las cuestiones que,
de haber vencido, hubieran sido
accesorias, a raíz de la derrota cobran
un peso mayor en la ponderación
histórica y política. Aunque
sin efecto legal, la estridencia
gubernamental pudo ser sólo un
desliz, pero en la derrota luce diferente.
Igual que el uso de foros
internacionales para flamear las
banderas de Siria, Palestina o
Irán, olvidando nuestros propios
y menos rimbombantes intereses.
Evaluarlo es parte de la verdad,
sin la cual no es posible avanzar.
Pero, ya sabemos, nada es más
fácil que pedirle cuentas al fracaso.
Y al menos yo, quiero cuidarme
de ese terrible mal nacional
que es el oportunismo, en el triunfo
o en la caída.
Gonzalo Mendieta es abogado.