Edicion 20181002

Síganos en Facebook y Twitter
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g i n a s i e te
@ p a g i n a _ s i e te
Opinión
Página SIETE M a r te s 2 de octubre de 2018
o p i n i o n @ p a g i n a s i e te . b o
13
Frase del día
“Si bien no hay obligación de negociar, hay una invocación a continuar con el
d i á l o go”. Evo Morales, presidente de Bolivia
Atando cabos /Rodolfo Eróstegui T.
2° aguinaldo: beneficio o derecho adquirido de los trabajadores
Como dice el dicho, no hay
plazo que no llegue, ni
deuda que no se pague. Y
llegó octubre, mes fijado
por las autoridades para confirmar
si este año se paga o no el segundo
aguinaldo. Este beneficio
se lo denomina “Esfuerzo por Bolivia”y
se paga a los trabajadores activos
del sector público y privado,
siempre y cuando el crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB)
sea mayor al 4,5%.
Una de las consideraciones para
implementar el pago del segundo
aguinaldo, según se establece
en el DS 1802, se debe a que
las trabajadoras y los trabajadores
del Estado Plurinacional contribuyen
al crecimiento del PIB.
Esto significa que se está tomando
únicamente como factor del
crecimiento, el aporte que realizan
aproximadamente 1.101.600
personas, que son las que cobrarían
este beneficio, y no las
5.508.016 personas ocupadas en
el país. En otras palabras, sólo cobraría
el 20% de la población ocupada.
No recibirían este pago la
mayoría de los trabajadores rurales,
así como un gran número de
los trabajadores de las micros
empresas y los trabajadores por
cuenta propia e informal.
Pero el Decreto 1802 no sólo no
hace participar de este beneficio
al 80% de los trabajadores y trabajadoras
del país, sino que no
toma en cuenta que la productividad
no sólo es el resultado del
esfuerzo de los trabajadores, sino
también de los empleadores,
pues la productividad es el resultado
de la utilización de otros
factores más.
Los estudios empíricos y la
teoría económica nos señalan
que el crecimiento económico en
el largo plazo está asociado a dos
tipos de factores: 1) aumento en
el uso de factores productivos
(capital y trabajo); 2) aumentos
en la eficiencia o productividad
con que se utilizan estos factores
a través de innovaciones técnicas
y mejores procedimiento. De
esta manera se “p re m i a ”al factor
trabajo y se castiga al inversor
que arriesga el capital para crear
las fuentes de trabajo.
Por otro lado, según algunos
Son derechos
adquiridos aquellos
que nacen de las disposiciones
legales,
del acuerdo entre
partes o por el acto
unilateral del emplead
o r.
expertos, el monto monetario
que se eroga por este motivo no
provoca una modificación significativa
de la estructura de la distribución
del ingreso (Página
S iete 30 de septiembre de 2018),
pero si estamos en condiciones
de afirmar que existen efectos
nocivos, sobre todo en las pequeñas
empresas industriales.
También esta medida desincentiva
a realizar inversiones.
Muchos dirigentes empresariales,
sobre todo aquellos que
representan a las pequeñas empresas,
han manifestado su rechazo
pues los ingresos que generan
no alcanzan ni siquiera para
pagar un aguinaldo, debido a
que el mercado interno está invadido
de productos chinos que
ingresan de contrabando.
Es más, en el pasado, algunas
empresas estatales tuvieron dificultades
para hacer efectivo el
pago del segundo aguinaldo. El
año 2015, en la unidad legal y financiera
de la Empresa Minera
Huanuni, perteneciente a la Corporación
Minera de Bolivia (Comibol),
se discutió la viabilidad
del pago del segundo aguinaldo
debido a que no se registró utilidades
por la caída de los precios
del estaño. En esa misma situación
se encuentran un gran número
de empresas y no hablo sólo
del sector minero, sino de casi
la totalidad de los sectores que
componen el tejido productivo
del país.
En la práctica, el segundo aguinaldo
es el pago de un beneficio
que el 20% de los trabajadores lo
consideran como un derecho adquirido.
Y es un derecho adquirido
porque se deriva del Decreto
Supremo 1802. Son derechos adquiridos
aquellos que nacen de
las disposiciones legales, del
acuerdo entre partes o por el acto
unilateral del empleador en beneficio
del trabajador.
Desde esta perspectiva, la
Constitución Política señala
que los derechos y beneficios
que tienen los trabajadores no
pueden renunciarse y son nulas
las convenciones contrarias o
que tiendan a burlar sus efectos.
De esta manera, el aguinaldo
(primero y segundo) es un
sueldo anual que deben recibir
todos los trabajadores que entre
enero y diciembre hubiesen
cumplido 30 días de trabajo en
el sector productivo (obrero) y
90 (empleados) en los otros sectores.
Generalmente se instruye
su pago hasta el 20 de diciembre
sobre el promedio de los últimos
tres meses trabajados.
Rodolfo Eróstegui T. es experto en
temas laborales.
La escaramuza /Renzo Abruzzese
El pueblo negado
Entre las lógicas que
mueven el poder populista,
una de las más importantes
se asienta en
la categoría “p u e b l o”. Por lo general,
populistas y fascistas
conciben “el pueblo” como el
agredado de los ciudadanos afines
y, en lo posible sumisos,
arrimados a su tienda política.
Estos acólitos hacen posible delimitar
las características de
aquellos que no pertenecen a
sus propias huestes; es decir,
“los otros”, los “e n e m i go s ” los
“antipatria”o, en la jerga masista,
“los neoliberales”. Todos los
que no están con ellos no hacen
parte del “p u e b l o”.
El pueblo son los pobres, los
despojados, víctimas de los
“o t ro s ”; los “o t ro s ”son los feroces
agentes del imperio, enemigos
de las clases humildes, explotadores,
etcétera. Ordenada
de esta manera la sociedad,
todos los ciudadanos calificados
como “e n e m i go s ” son negados
por el Estado, son rémoras
del pasado y, en consecuencia,
habría que eliminarlos de
los escenarios de la vida pública,
política, cultural o económica.
El “p u e b l o”se resume así a los
acólitos visibles y/o poco visibilizados,
pero, en todo caso, a
aquellos de los que el caudillo
tiene la certeza de que no votarían
por otro candidato; más
aún, aquellos que no se atreverían
a impugnarlo y menos solicitar
su inhabilitación. El “p u e-
b l o”se reduce, de esta manera,
a las huestes afines, que a la sazón
de la coyuntura actual boliviana
son ya menos del 30%, según
más de una encuesta rec
i e n t e.
La pregunta del millón es como
sigue: ¿cómo el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) llegó a la
conclusión de que sólo unos
cuantos tienen el derecho de solicitar
la inhabilitación de un
candidato? Esto sólo es posible
si compartimos las mismas visiones,
si definimos las cosas de
la misma manera que el caudillo
y si, finalmente, asumimos que
el “p u e b l o” son unos cuantos,
pero no todos; sumergirse en
los conceptos arbitrarios, recortar
la realidad y suponer que
los escasísimos militantes que
registran las organizaciones
políticas hacen el corpus completo
de los ciudadanos; en
otras palabras, asumir que la
realidad se constituye de una
ciudadanía castrada justo a en
la medida de los intereses del
partido de gobierno.
La disposición ha sido calificada
de “vergonzosa, tramposa
y descarada” desde el momento
en que es casi imposible
que un militante se atreviera a
solicitar la inhabilitación de su
candidato, no sólo por las características
personalísimas
del líder de esa tienda política,
Evo Morales, sino, además,
porque el MAS no tiene posibilidad
alguna de proponer otro
candidato que no sea Morales.
Pero no es esto lo fundamental,
lo básico es que devela el
grado de subsubción real y moral
del Tribunal, de la asimilación
y dependencia en que se encuentra
ese Poder del Estado;
piensa igual, tipifica igual, se
somete igual y se erige como la
negación de la ciudadanía democrática
de este país.
Se trata de una disposición “a
la medida” de las estrategias
prorroguistas de Morales y una
declaración de parcialidad inaceptable.
Una sumisión, cuyo
volumen se ajusta al calificativo
que sugirió el senador Murillo.
“Los ladrones –dijo–p re t e n d e n
secuestrar nuestra democracia”.
La norma es tan absurda que
en la portentosa hipótesis de
que un millón de ciudadanos se
encuentren inscritos en los diferentes
partidos legalmente reconocidos
en la actualidad por
el mismo TSE, 5,9 millones de
electores (de un total de 6,9 millones
oficialmente inscritos,
según el TSE) serían despojados
del derecho a impugnar y solicitar
la inhabilitación de un candidato.
Se trata de un acto que
deviene en la negación de la condición
de ciudadanía en el ámbito
electoral, negación propia
de las más burdas dictaduras y
los más ineptos operadores estatales.
Las consecuencias de este
atropello serán sin duda desastrosas
y en proporción al daño
infringido. Si la ciudadanía es
negada de forma tan grosera, es
clara señal de que las cosas ya no
pueden solucionarse en sujeción
a las normas de una convivencia
pacífica. Ese 63% que hoy
no apoya la pretensión prorroguista
del Presidente comprenderá,
finalmente, que cuando la
ley sólo vale para el poderoso, la
resistencia pacífica es casi una
obligación y para ello hay una
generación completa dispuesta
a tomar las calles.
Renzo Abruzzese es sociólogo.