Sentencia TC-0367-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
por la recurrente comprueban fehacientemente las razones inherentes
de la querella.
Que de ser así como expuso de manera olímpica el fiscal adjunto
actuante que los hechos denunciados por la querellante y
comprobados por el INACIF no constituyen “hecho delictivo” es
porque ha considerado como lícita y permitida la conducta adoptada
por los imputados en adulterar el contrato que suscribió con la
querellante, lo cual no tiene justificación alguna y constituye una
inaceptable iniquidad.
c. Argumentos concernientes a la Resolución núm. 374-PS-2012, de
fecha diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012), dictada por la Primera
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional:
A que la nulidad alegada es a priori por extemporánea, o sea,
según la Corte , el recurso se interpuso casi dos meses antes de
ser dictada la resolución que supuestamente se apeló, lo que no
es razonable por tanto dicha decisión es nula por ser ilógica
tanto en sus motivaciones como en su dispositivo.
También es lesiva al derecho de defensa de la querellante y
víctima, ya que nunca le ha sido notificado el referido recurso de
apelación de fecha 29 de marzo del 2012 que invoca la Primera
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito
Nacional.
La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación
del Distrito Nacional, al emitir la Resolución Núm. 374-PS-2012,
de fecha 17 de julio del 2012, no valoró las pruebas ni los hechos
de la causa, tampoco rinde las motivaciones pertinentes, por lo
Expediente núm. TC-04-2013-0080, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por
Ivanoska Díaz Terrero contra la Resolución núm. 7229-2012, dictada por la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27)
de noviembre de dos mil 2012; la Resolución núm. 374-PS-2012, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional el diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012); el Dictamen del Ministerio Público del siete (7) de
diciembre de dos mil once (2011) y el Auto núm. 395-10, dictado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción el nueve (9) de
septiembre de dos mil diez (2010).
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