Sentencia TC-0367-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Público; situación que incluso nos obligó a detener el presente auto por
un considerable espacio de tiempo.
Atendido: A que, en tal sentido, se impone declarar la inadmisibilidad de
la acusación presentada por la señora Ivanoska Díaz Terrero, por
conducto de su abogado Licenciado José A. Reyes Quezada, Luis José
Asilis Elmudesi y Steven Charles Ankrom, por la imputación de
violación a los artículos 145, 147, 148, 150, 151, 265 y 226 del Código
Penal Dominicano; por los motivos expuestos; una vez que, ha quedado
establecido, que el querellante no tiene calidad para proseguir por sí
solo la acción penal pública, cuyo ejercicio compete y pertenece al
Ministerio Público, sin perjuicios de las intervenciones, que luego de
iniciada, puede tener la víctima, constituida en querellante.
El dictamen de archivo definitivo del caso JXXIN-13356 se fundamenta en
lo siguiente:
Que: De la lectura de la exposición de los hechos contenidos en la
instancia, sus análisis y las pruebas aportadas, es imposible
establecer la manifestación de un hecho delictivo criminal, que se
configure en la legislación represiva, ya que no se configuran los
elementos constitutivos de la falsificación ni el uso de documentos
falsos, conforme lo que establece la doctrina (…) pues las evidencias
recabadas como objeto del ilícito y los análisis realizados a la misma
ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ha arrojado como
resultado que el documento dubitado no presenta la adulteración
señalada por la parte querellante, de lo que se infiere que las
convenciones pautadas por las partes en el documento dubitado, no
han sido alteradas y en consecuencia no se ha manifestado ninguna
acción antijurídica por parte de los querellados.
Expediente núm. TC-04-2013-0080, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por
Ivanoska Díaz Terrero contra la Resolución núm. 7229-2012, dictada por la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27)
de noviembre de dos mil 2012; la Resolución núm. 374-PS-2012, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional el diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012); el Dictamen del Ministerio Público del siete (7) de
diciembre de dos mil once (2011) y el Auto núm. 395-10, dictado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción el nueve (9) de
septiembre de dos mil diez (2010).
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