Sentencia TC-0367-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Atendido, que la casación de una sentencia resulta improcedente
cuando el tribunal que la emitió motivó de manera correcta y
adecuada, sin incurrir en violaciones a la Constitución de la
República, a los tratados internacionales de los que la República
Dominicana es signataria, ni ha desconocido o violentado las leyes
contentivas de las imputaciones y de las normas procesales
aplicables, y en la especie, de los argumentos expuestos por la
recurrente, cuyo resumen figura transcrito precedentemente, y de la
simple lectura de la sentencia de que se trata, no se advierten los
vicios denunciados por esta, ya que la decisión recurrida cumplió con
el debido proceso, así como con las normas legales vigentes, debido a
que no se le vulneraron sus derechos fundamentales; por lo que
deviene inadmisible el indicado recurso de casación.
Por su parte, en lo que respecta a la Resolución núm. 374-PS-2012, de fecha
diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012), objeto del presente recurso de
revisión, se fundamenta en lo siguiente:
Considerando: Que en atención a los argumentos externados por la
parte recurrente, esta Sala de la Corte Penal, actuando como
Tribunal de alzada, procedió a analizar la resolución impugnada
para determinar los motivos que llevaron al Juez a-quo a revocar la
decisión de archivo (…); que este tribunal de alzada, al analizar los
hechos que abarcan el presente expediente, tiene a bien destacar que
el Ministerio Público como autoridad encargada de la prevención,
persecución y castigo del crimen tiene a su cargo, la investigación de
los hechos delictivos, quien ordenó la realización de dos (02)
peritajes que fueron practicados al documento que alega la
querellante haber sido falseado por los hoy imputados, y el Instituto
Nacional de Ciencias Forenses, (INACIF), en el primer peritaje en
fecha ocho (08) de mayo del 2007, consignó que solo se limitó a
Expediente núm. TC-04-2013-0080, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por
Ivanoska Díaz Terrero contra la Resolución núm. 7229-2012, dictada por la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27)
de noviembre de dos mil 2012; la Resolución núm. 374-PS-2012, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional el diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012); el Dictamen del Ministerio Público del siete (7) de
diciembre de dos mil once (2011) y el Auto núm. 395-10, dictado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción el nueve (9) de
septiembre de dos mil diez (2010).
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