Sentencia TC-0367-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
capital de esta disposición), y aplicó erróneamente el primer requisito
establecido en su literal «a».
Firmado: Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez
VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO
IDELFONSO REYES
Con el debido respeto al criterio mayoritario reflejado en la sentencia del
referido caso, y coherentes con la opinión que mantuvimos en el Pleno con
ocasión de las deliberaciones, queremos dejar constancia de nuestra
disidencia, amparándonos en lo previsto en el artículo 186 de la Constitución
de la República y 30 de la Ley núm. 137-11.
I. Historia del Caso
1.1. El presente proceso tiene su origen en la demanda en rescisión de
contrato y daños y perjuicios, de cuya acción fue apoderada la Quinta Sala de
la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, durante el curso de dicha demanda, la señora Terrero Díaz,
interpuso una querella con constitución en actor civil, en contra del señor José
A. Reyes Quezada en su calidad de Presidente de la compañía vendedora, y en
contra del señor Luis José Asilis Elmúdesi y Steven Charles Ankron en
calidad de propietarios de un terreno, por supuesta violación al Código Penal.
La referida querella fue archivada por la Fiscalía, y luego fue revocada
mediante la Resolución No. 331-2012 de fecha 23 de mayo del 2012, emitida
por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, resolución
recurrida en apelación por los señores Luis José Asilis Elmúdesi, Steven
Charles Ankrom y Metro Country Club, la cual fue revocada mediante la
Resolución No. 374-PS-2012 del 17 de julio de 2012, y esta última fue
Expediente núm. TC-04-2013-0080, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por
Ivanoska Díaz Terrero contra la Resolución núm. 7229-2012, dictada por la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27)
de noviembre de dos mil 2012; la Resolución núm. 374-PS-2012, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional el diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012); el Dictamen del Ministerio Público del siete (7) de
diciembre de dos mil once (2011) y el Auto núm. 395-10, dictado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción el nueve (9) de
septiembre de dos mil diez (2010).
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